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Para paliar crisis penitenciaria, MNP sugiere activar control de pena anticipada

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) llevó adelante un estudio en el que identificaron quiénes son las personas privadas de libertad con penas anticipadas, a fin de plantear la reactivación de instituciones de control como una alternativa a la cultura de encierro.

“Tenemos que empezar a pensar otras alternativas a la cultura del encierro que nos permitan vislumbrar un panorama, o (encontrar) una luz al final del túnel que nos permita salir de esta situación”, señaló en una entrevista concedida a NoticiasPy el comisionado José Antonio Galeano, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En este punto, se refirió a las formas de paliar la crisis penitenciaria que atraviesa el país debido al hacinamiento de cárceles, considerando que el Gobierno planteó la construcción de más penitenciarías, en el marco de la declaración de emergencia en todas las cárceles.

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El MNP realizó estudios en penitenciarías de Itapúa y Alto Paraná el año pasado, con ayuda de estudiantes universitarios locales, que consistía en un programa piloto de prevención de pena anticipada, y con ello se identificó quiénes son las personas privadas de libertad en tales circunstancias.

“Hay pena anticipada cuando la prisión preventiva dejó de ser legal. ¿Y cuándo dejó de ser legal? Cuando no se dan los supuestos para que ello ocurra o cuando transcurrió el tiempo máximo previsto por la misma normativa, en lo que hemos encontrado muchos casos”, explicó.

En este sentido, añadió que la persona recluida es inocente hasta que un órgano judicial declare que es culpable. “Y eso no ocurre, en nuestras cárceles hacinadas, de un total de 16.000 personas de la población penitenciaria, 12.000 no tienen condena”, remarcó.

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Con el informe obtenido, el Mecanismo de Prevención busca plantear recomendaciones a los órganos judiciales, a fin de activar las instituciones de control de la pena anticipada como una alternativa al hacinamiento de cárceles.

“Estamos preocupados por esto y, por suerte, hemos logrado contribuir para que los actores involucrados de forma directa –llámese Parlamento, Ejecutivo, Poder Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados– se sienten a hablar sobre esta situación que no da para más”, añadió.

Manifestó que la idea es avanzar a través del diálogo para encontrar alternativas que no sean las de siempre, “como construir más cárceles que no se terminan más nunca”.

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En el Congreso Nacional, se aprobó el proyecto que declara en emergencia todos los establecimientos penitenciarios del país.

La propuesta se impulsó tras la masacre que ocurrió en la cárcel de San Pedro, donde 10 reclusos murieron en una pelea entre facciones criminales. Su objetivo es brindar mayor seguridad y efectividad operativa a las cárceles de todo el país.

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