En este mismo sentido, el abogado y ex legislador Hugo Estigarribia resalta que Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, debe ser investigado y apartado del Gobierno.
“Estaba todo armado para ‘picar’ parte del arreglo al que supuestamente arribaron. Por cuanto se impone que Villamayor, quien estuvo al tanto de las negociaciones, sea destituido”, dice.
Aunque ahora que salió a la luz pública el tema, gracias a una investigación del diario norteamericano The Washington Post, “dice que no hubo tal acuerdo. De todos modos, ya carece de credibilidad. Hay un elemento fundamental que se ha instalado sobre su figura: la sospecha ciudadana”.
Llanes, por su parte, resalta que el referido entendimiento “de partes no legítimas” no es ninguna figura jurídica seria, por lo tanto el documento que iban a firmar no es serio. Un acuerdo de tal naturaleza serio debe tener intervención de otro Poder del Estado, como el Legislativo.
“Los canales utilizados son nulos de origen y sobre sus autores, por la intención de pretender estafar al Estado, se deben tomar las acciones pertinentes y proceder a su destitución del Gobierno Nacional”, resaltó.
En su opinión, la pretensión de negociar un tema así al margen de autoridades legítimas y sin transparentarlo ofende el Derecho.
Hugo Estigarribia afirma que en estos momentos corresponde que se brinden explicaciones sobre el porqué mantuvieron en secreto este asunto.
También dice que la Cancillería Nacional y la Procuraduría General de la República deben explicar si estaban al tanto del proceso para el supuesto arreglo que finalmente no se concretó.
“Esto está teniendo un impacto muy fuerte en Venezuela como en Estados Unidos. Acá no se sabía nada al respecto”, resaltó.
Asegura que además le llamó la atención el supuesto pago de USD 26 millones al abogado argentino Sebastián Vidal, que se presentó como representante legal de PDVSA para negociar la deuda de USD 269 millones de Paraguay con la petrolera venezolana. La propuesta era que Paraguay pagara solo la mitad de ese monto adeudado.
“A los propios venezolanos que participaron les llamó la atención el compromiso de pago de esa comisión al abogado. Acá es muy claro el olor a negocio secreto y particular para unos cuantos bolsillos. Entonces, no es suficiente con que salgan a decir: el acuerdo no se concretó”, reflexionó el ex diputado.
Estigarribia dice que situaciones como estas, ocultadas a los ciudadanos, llevan a “sentir que estamos gobernados por corruptos”.
“¡Qué vergüenza! El Washington Post revela el susto del funcionario venezolano, por una comisión que se le iba a pagar. Paraguay de nuevo aparece famoso por ser el país de la corrupción, del contrabando, de la poca seguridad jurídica. Esto es un gran perjuicio y encima, nuestras propias autoridades otra vez aparecen involucradas en el negocio”, expresó.
Recordó que el tema deuda de Petropar a PDVSA es un litigio sometido a arbitraje internacional de la Cámara de Comercio de París. “Es un juicio privado cuyo resultado se comprometieron a aceptar las partes”, resaltó.
Finalmente, recordó que el Gobierno paraguayo reconoció de Guaidó como “presidente encargado de Venezuela”.
Dos profesores de Derecho coinciden en que Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, debe ser apartado tras un nuevo oscuro caso en el que el funcionario tomó participación.
Si no renuncian los involucrados seremos vistos como país poco serio, y el orden jurídico se verá comprometido.
Óscar Llanes
profesor y diplomático.
El Gobierno debía haber puesto a Villamayor a disposición de la Fiscalía General. El país no resiste tantos escándalos.
Hugo Estigarribia,
abogado y catedrático.