El sacerdote español José Antonio Rubio prestó ayer declaración indagatoria ante el Tribunal de Sentencia. El religioso está investigado por supuesta sobrefacturación en la construcción de pozos artesianos en comunidades carenciadas.
El sospechado de haber pagado excesivamente por la construcción de pozos artesianos dijo que no tenía conocimiento y que jamás tuvo intenciones “de dañar o engañar a persona alguna. Manejé millones de dólares y se han buscado cuentas mías, nacionales y extranjeras, y no se encontró nada. Inclusive se quiso mancillar el nombre de mi familia, mi padre, de 92 años, vive en una casa hipotecada y hasta ahora sigue pagando por eso”, apuntó.
Hay que recordar que ya prestaron indagatoria el ex clérigo Sócrates Garcete y el ingeniero Jorge Marín Postigo. Ambos negaron que haya existido sobrefacturación.
La Fiscalía habla de la comisión del delito de lesión de confianza, con el mal uso del dinero que era para la construcción de pozos artesianos, que supuestamente fueron sobrefacturados. “Se habla de un monto (faltante) de más de 3.700 millones de guaraníes”, según el fiscal.
“Los nueve pozos están hechos. Se han hecho más obras de lo que estaba previsto. Si tengo que volver a confiar en los mismos profesionales, lo haría de nuevo. No se hicieron solo pozos de agua sino que se educó a la comunidad. Hemos hecho más obras y es difícil hablar así de sobrefacturación, porque inclusive peritos de la Fiscalía reconocieron esto”, agregó Rubio.
DECLARÓ. El ingeniero Jorge Marín Postigo también ya prestó indagatoria ante el Tribunal y resaltó que no puede hablarse de sobrefacturación en la construcción de pozos artesianos. “Es sorprendente que en este momento la Comunidad Europea diga de dónde se sacaron los precios, puesto que en todo el proceso licitatorio y de adjudicación de obras se dio intervención a técnicos de Bruselas que pusieron sus objeciones y luego nos acomodamos y ajustamos ciertas cosas, en forma conjunta”, apuntó.
Otro de los procesados, Sócrates Garcete, también ya fue indagado por los jueces y negó haber cometido delito alguno y se ratificó en que Rubén Ramírez Cataldo, de la Fundación María Gloria, había mentido al solicitar dinero en préstamo y que se le concedió. Nos dijo que tendríamos más dinero y que construiríamos más casas para las gentes necesitadas, pero ello no ocurrió. El debería estar sentado aquí”, señaló en una parte de su declaración.
