Política

Pacto de impunidad en Diputados para frenar pérdidas de investidura

Los legisladores de la Cámara Baja, principalmente de los partidos tradicionales, buscan cualquier argumento para que sus colegas imputados sigan impunes política y judicialmente.

La comisión especial para el estudio y elaboración del reglamento de la pérdida de investidura, creada para dilatar todo el proceso contra el liberal Carlos Portillo, presentará mañana ante el pleno su dictamen, para posteriormente dar a conocer la normativa que será analizada en sesión.

La mayoría de la Cámara de Diputados había decidido la conformación del órgano asesor, con la excusa que no existía un procedimiento a seguir, luego de que fuera derogada la ley de autoblindaje.

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Se invitó a varios juristas, que en su mayoría rechazaron la convocatoria y acudieron a las reuniones solamente tres: Luis Lezcano Claude, María Victoria Rivas y Jorge Bogarín.

Los profesionales coincidieron en que la reglamentación debe ser por medio de una ley y aconsejaron la creación de una comisión bicameral para consensuar un proyecto.

Con esta postura, Portillo sigue beneficiándose de la dilación e incluso se presenta un nuevo escenario; que ninguna ley es retroactiva y, por ende, el legislador liberal no puede ser juzgado si es que dicha ley entra en vigencia.

De esta manera, el parlamentario –que está imputado por tráfico de influencia, cohecho pasivo, asociación criminal y soborno– se sigue librando del castigo político y con ello también salva a su colega, el colorado Tomás Rivas, motivo principal por el que las bancadas coloradas no acompañan el pedido de pérdida de investidura de Portillo, ya que el siguiente sería Rivas.

Este está imputado por el Ministerio Público por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Rivas consiguió que tres de sus empleados fueran nombrados como funcionarios de la Cámara Baja, pero cumplían funciones en las propiedades del legislador.

El dirigente de Paraguarí tiene un caso calcado al de José María Ibáñez y debido a ello ni siquiera su desafuero permitió hasta el momento, recurriendo a chicanas.

El 12 de noviembre próximo se realizará el requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía, para definir si acusa o no a Portillo. En la Cámara de Diputados esperan que se dé el sobreseimiento definitivo, para de esta manera archivar todos los casos.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Varias semanas atrás, nueve legisladores habían presentado el documento solicitando la pérdida de investidura de Portillo señalando como antecedente los detalles que hacen a situaciones de público conocimiento y que tuvieron amplia difusión a través de los medios de comunicación y que señalan, entre otras cosas, que la señora Auda Fleitas fue víctima de hechos que apuntan al uso indebido de influencias, cuyo indiciado principal es del diputado liberal.

Mencionaron que la mujer declaró ante el Ministerio Público e indicó que el citado parlamentario le solicitó una suma de dinero para solucionar un caso penal en la cual estaba involucrada Fleitas.

“Se han filtrado audios y mensajes de WhatsApp, los cuales dieron origen a la imputación presentada por la agente fiscal Liliana Alcaraz, donde se indica que se inicia la investigación con base en publicaciones periodísticas referentes a la difusión de audios, donde se escucha al diputado conversando con una mujer acerca de la obtención de una resolución favorable en un caso judicial”, expresa el documento.

Sin embargo, los propios proyectistas encabezados por los patriaqueridistas, sostienen que el tratamiento por el pleno de dicha solicitud ya dependerá de la comisión especial, ya que ellos en su momento presentaron el proyecto de reglamento interno.

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