El beneficiado por la resolución del magistrado fue Hugo Lafuente, un oficial de justicia que reconoció los hechos y pidió la aplicación del procedimiento abreviado.
Con ello, fue condenado a la pena de 2 años de cárcel, pero con la suspensión de prueba de la ejecución de la condena, donde deberá donar un monto de G. 24 millones como reparación del daño.
Además, el magistrado dispuso la elevación del caso a juicio oral, respecto a los abogados Luis Carlos Benítez y Robert Santacruz, ambos representantes de la Cooperativa San Cristóbal, procesados por el caso.
Todos fueron acusados en una de las causas por la mafia de los pagarés, durante la audiencia preliminar, por los fiscales Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla.
El juez rechazó la nulidad de la acusación y el sobreseimiento de los procesados, además de admitir las pruebas tanto de la Fiscalía como de las defensas.
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El magistrado mantuvo también las medidas cautelares para los procesados Luis Carlos Benítez y Robert Santacruz.
Los tres habían sido acusados respecto al juzgado de Paz de la Recoleta, donde el ex magistrado Víctor Nilo Rodríguez también afrontará juicio oral.
Los cargos son por uso de documentos públicos de contenido falso, por los informes falsos de los ujieres y los oficiales de justicia, y prevaricato en grado de cómplice, por las resoluciones dictadas por el juez.
