Será que alguna vez en nuestro país las acciones estatales se podrán cumplir sin que surjan denuncias de irregularidades, presuntos hechos ilegales o personas que se aprovechan de sus influencias para beneficiarse y obtener privilegios, perjudicando a los demás?
Lo que está sucediendo en torno al proceso de vacunación contra el Covid-19 es un buen ejemplo de lo mucho que nos cuesta hacer las cosas de manera correcta, organizada y eficaz, sin cometer abusos o ilegalidades.
A pesar de que todavía es mínima la cantidad de dosis de vacunas que se está administrando, habiendo empezado por los trabajadores de salud y por los adultos mayores, sin embargo, ya son numerosas las denuncias de situaciones irregulares que se detectan en el proceso.
En la primera etapa, que correspondió exclusivamente a médicos y demás personal de blanco que se encuentra en la primera línea de combate a la pandemia, ya hubo situaciones concretas de haber vacunado a personas a quienes aún no les correspondía. Por tales situaciones fueron destituidos los directivos de los hospitales de Caacupé y de Guarambaré.
Luego, a mediados de abril, cuando se inició la vacunación de los adultos mayores entre la población civil, en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, se detectó que más de un centenar de personas que aún no estaban incluidas en la franja etaria correspondiente, recibieron las dosis indebidamente en una universidad privada, propiedad del gobernador local, Roberto González Vaesken, incluyendo entre los beneficiados irregulares a conocidos políticos y catedráticos.
En estos últimos días se han sumado aún más las irregulares. El primer día del inicio de la vacunación a quienes tienen más de 75 años de edad, en el Hospital Materno Infantil de Trinidad se desobedeció la norma de proceder según agendamiento previo, vacunando a quienes iban llegando y relegando a los que ya tenían cita, generando mucho caos y confusión, además de largas esperas.
Luego siguieron las denuncias sobre dos personas fallecidas que aparecen como vacunadas; una en el Materno Infantil San Pablo y otra en el Hospital Central de IPS y la detección del robo de un frasco con 10 dosis de vacunas en el Hospital de Calle’i, San Lorenzo, caso en el que ya se dio intervención a la Fiscalía.
El escándalo mayor estalló ayer, cuando las propias autoridades de Salud denunciaron que la senadora colorada Mirta Gusinky recibió la primera dosis de la vacuna en su domicilio, el pasado 20 de abril, sin que aún le corresponda ser vacunada, por no alcanzar la edad requerida. La situación es entendida como un aprovechamiento de privilegio, generando una situación que deriva en la separación del cargo del director de la XVIII Región Sanitaria, doctor Robert Núñez.
Son hechos que empañan los esfuerzos por ofrecer buenos resultados en la lucha contra la pandemia y que minan la confianza de la ciudadanía. El Gobierno debe proceder con más eficacia, capacidad y honradez, proveyendo las vacunas y organizando bien el proceso de vacunación. El sacrificio de quienes sufren graves pérdidas merece una mejor dedicación.
