Sucesos

Organizaciones denunciarán ante la CIDH por presuntas violaciones de DDHH bajo el Gobierno de Franco

Diversas organizaciones defensoras de DDHH de Paraguay presentarán denuncias ante la Comisión Interamericana de DDHH sobre violaciones cometidas contra los derechos de las personas bajo el gobierno de Federico Franco. La audiencia se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Washington (EEUU).

Durante la presentación, se realizarán alegatos sobre presuntas violaciones de derechos humanos referentes al derecho a la vida y el debido proceso, detenciones arbitrarias en el al Caso de la Masacre de Curuguaty, persecuciones a líderes sociales, despidos en el sector público, amedrentamiento y retrocesos en el derecho a la salud (desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales) y el derecho a la educación gratuita (falta de insumos y útiles), según el anuncio.

Las organizaciones pedirán que se exija al Estado paraguayo la restitución de los derechos conculcados y se brinden las garantías necesarias.

La audiencia fue solicitada por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ PY), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM- Paraguay), la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay (CDD Py) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Seis policías y once campesinos fallecieron el 15 de junio en un tiroteo durante una operación policial de allanamiento de sintierras en una finca de Curuguaty (nordeste) cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme.

El hecho derivó en el juicio político, que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de la República, el pasado 22 de junio, alegando mal desempeño de sus funciones.

La fiscalía concluye en sus investigaciones que los ocupantes de la propiedad prepararon una emboscada a los policías y que los agentes de seguridad reaccionaron en defensa propia.

Por otra parte, una investigación paralela llevada a cabo por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), contradice la versión de la Fiscalía y alega que existieron francotiradores, que habrían iniciado el fuego.

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