La magistrada Lidia Álvarez concedió “la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles”, según la resolución divulgada este domingo por diario La Tribuna.
Los bienes incautados pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para “su custodia y administración”, añade la resolución.
Álvarez ordenó también la captura internacional de las personas citadas, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato.
Los implicados son acusados por presunto “abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras”, según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
La magistrada ha citado a los acusados para este lunes en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe la misma fuente judicial.
Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación del lunes o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como Pandora, que involucra a 38 personas, entre ellos el ex alcalde del municipio de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y el ex ministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014, es acusado también por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico.
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario.
A partir de esa denuncia, la investigación halló indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas habían sido destinados a financiar las campañas políticas efe
