También se insta a solicitar autorización judicial para la extracción de datos y transcripción de los contenidos de los teléfonos.
De forma inmediata, la diputada de Honor Colorado Rocío Abed pidió el rechazo del proyecto alegando que se trataba de una intromisión de un poder del Estado en otro.
Del mismo modo, el también cartista Tadeo Rojas dijo que siempre estuvo a disposición del Ministerio Público, pero que a su criterio este proyecto en particular resultaba improcedente.
La liberal Celeste Amarilla refutó los argumentos señalando que el proyecto solo insta a la Fiscalía General del Estado a continuar una investigación que ya lleva más de seis años, por lo que no puede considerarse una intromisión ni tampoco un asunto jurisdiccional. “Que no traten abogaditos y abogaditas de confundir. Necesitamos saber quién dio la orden (de entrar a la sede del Partido Liberal y disparar). Rodrigo no es una calcomanía”, reclamó.
Por su parte, Brítez explicó que no se trata de un proyecto de ley, por tanto, no es una intromisión, ya que solo se pide que sigan las diligencias.
El cartista Basilio Bachi Núñez dijo que si se va a pedir revisar celulares de Cartes, que se revisen también los de todos los diputados, incluyendo opositores.
El proyecto fue rechazado por 28 votos contra 20. Tanto cartistas como oficialistas votaron por el rechazo.
La muerte de Rodrigo Quintana se dio en la noche del 31 de marzo de 2017 durante un atropello por parte de agentes policiales a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Luego de seis años, el caso sigue impune.
Varios sectores políticos y organizaciones sociales reclaman que la investigación fiscal no haya analizado el cruce de llamadas para saber quién dio la orden de ingresar y disparar a las personas dentro de la sede partidaria.
Solo una persona está procesada y es el suboficial Gustavo Florentín, autor del disparo, según se pudo ver en las cámaras de seguridad.
Jorge Brítez alega en su proyecto que la Fiscalía incautó de forma inmediata el celular de Paraguayo Cubas cuando fue detenido por perturbación a la paz pública, por lo que considera que se debe proceder de la misma manera en el caso Quintana, que no avanza por 33 recusaciones sin resolver que están en la Corte.
“Existen graves sucesos de impunidad derivados de un sistema judicial extremadamente lento, la corrupción y la complicidad institucional, así como la falta de voluntad política para garantizar, por un lado, justas sanciones a los responsables de los delitos y, por otro, la reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas”, expresa el texto planteado por el legislador esteño, que exige conocer quiénes fueron los policías a cargo y quiénes dieron la orden.