Por Jorge Silvero Salgueiro (*)
Mientras que en el proceso político autoritario anterior a 1989 el debate constitucional acerca de la opinión pública se centraba en los conceptos antagónicos de libre/cautiva y autónoma/manipulada, en la actualidad, sin dar por terminados dichos debates, cabría avanzar y agregar unas reflexiones acerca del grado de vulnerabilidad y de las posibilidades de influenciar de la opinión pública.
Dicha idea parte del supuesto de que la opinión pública es un elemento constitutivo de la democracia representativa, y conocer el estado de la misma representa, a la vez, una oportunidad singular para indagar los problemas del sistema político y su grado de evolución. Singular, porque el espacio de la opinión pública no es estatal ni privado, y es donde confluyen tanto las instituciones del Estado como la sociedad civil, a fin de publicitar sus actos –las unas– y de controlar a sus representantes –la otra–.
Si en estas breves líneas tomamos solamente un caso de interés como el denominado “salir ante el público” (going public) en la terminología de S. Kernell, podremos ya esbozar la reflexión a la que queremos llegar.
En el proceso político iniciado después de 1989 en los diversos periodos presidenciales hasta la fecha se ha podido observar que el Ejecutivo presionó y presiona al Legislativo para que apruebe sus iniciativas legislativas apelando a la opinión pública. El presidente “sale ante el público” antes que el proceso parlamentario de toma de decisiones concluya y –palabras más, palabras menos– sostiene que los parlamentarios cometerían una afrenta a la ciudadanía en caso de que no aprueben sus propuestas.
Hechos de esta naturaleza exhiben, en el fondo de la cuestión, un grave deterioro de las relaciones Ejecutivo-Legislativo y una imposibilidad de seguir negociando entre ambos actores por medios racionales. De esta forma, la opinión pública se ve confrontada a demostrar si está o no en un estado de vulnerabilidad emocional. La opinión pública caería en dicho estado si desarrollara un sentimiento político de adherencia/no adherencia más bien atendiendo el lado anecdótico del caso y dejando de considerar el trasfondo objetivo y sustantivo del tema.
Por otro lado, la apelación a la ciudadanía no significa necesariamente que desde el poder político se piense que la opinión pública tiene la suficiente capacidad como para influenciar de un modo decisivo en el actuar de los parlamentarios. Más bien, se trata de una estrategia de liderazgo presidencial y de una búsqueda de legitimación a sus propios actos, como señala S. Kernell. Vale decir, aun en el caso de que el Ejecutivo pierda la votación en el Parlamento podrá sentirse un ganador si la opinión pública lo respalda. En otras palabras, el costo político de la decisión la asumiría el Parlamento con una probable pérdida de su imagen pública.
Sin embargo, más que prestarse a un juego político, la opinión pública puede aprovechar la situación para reflexionar desde una posición autónoma acerca de las debilidades y fortalezas del sistema político y entender que la libre formación de la opinión pública no le permite ejercer el poder político, pero le da un amplio espacio para formar un consenso ciudadano acerca de las cosas que están mal en el sistema político. Con lograr esto, la opinión pública saldrá favorecida.
(*) Profesor de Derecho Constitucional, LL.M. (Magister Legum), Master en Derecho, 1995. Universidad de Heldelberg, Alemania.