Se trata de una incautación de mercaderías acaecida el 19 de junio pasado, en el puesto de control del Km 60 de la ruta PY02, en Yguazú, donde funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanaera (COIA), del Senave y otros entes, retuvieron 3 camiones con carga de frutihortícolas.
investigar. Según Édgar Cuevas, gerente anticontrabando de la UIP, la Fiscalía debe investigar el proceder de los funcionarios de ese puesto, ya que luego de abrirse sumario al respecto, consta en un expediente que los responsables de la carga que había sido incautada se acercaron a presentar la documentación de respaldo del despacho de importación.
“Imposible que no se declare eso como contrabando. La causa se abre porque los vehículos pasaron canal rojo y no coincidía la declaración de importación con la carga. Entendemos que los administradores (de Aduana) deberían ser procesados. Ellos tomaron la decisión de liberar los vehículos. Atendiendo a la modificación del Código Aduanero, pasa a ser crimen el ingreso de contrabando de frutihortícolas. Hay que investigar el hecho de liberar camiones y también por actos de corrupción de funcionarios vinculados a hechos de contrabando, porque hay asociación criminal”, sostuvo.
inexactitud. Cuevas enfatizó en que al momento del procedimiento se debería haber acompañado la documentación respaldatoria del ingreso de frutihortícolas al territorio nacional, pero que al parecer los datos no coincidían, por lo que reunía todas las características para que se declare contrabando.
También se preguntó sobre la posición de la Fiscalía ante el hecho, y si este reúne las condiciones para que el Ministerio Público investigue a los administradores que liberaron finalmente los camiones.
En el procedimiento de incautación se constató la existencia en las unidades de transporte de cajas de limón Tahití, locote, repollo, zapallo, remolacha, bananas, entre otros. Estas mercaderías fueron destruidas y enterradas en fosas sanitarias, de acuerdo con la Ley 123/91.
