Aseguró que las dos deudas, de Yacyretá y de Itaipú, son espurias e ilegales. Cuestionó que ahora se hable de una deuda de USD 3.600 millones en la EBY. Recordó que en el Gobierno de Fernando Lugo había ido hasta el lado brasileño de la hidroeléctrica para poder auditar el pasivo y luego de lo que parecía ser una buena predisposición, en un segundo viaje del equipo auditor se cerraron las puertas. Los directivos de la binacional adujeron que se debía ordenar primero el archivo y luego colocaron varias trabas.
En el caso de Yacyretá, en el 2007 hubo conversaciones y señalaron que todas las documentaciones estaban en Buenos Aires. Los auditores viajaron, pero encontraron excusas de parte de los rioplatenses. Finalmente, dieron documentos, pero representaba un porcentaje ínfimo del dinero que Argentina había recibido y gastado con relación a Yacyretá. Lo máximo que se controló fue un periodo de tres años, pero otorgaron reportes limitados.
“Nunca hubo una auditoría que implique un estudio profundo de los ingresos y gastos. Las entidades tienen auditoría externa, pero nunca se cuestionaron las administraciones, porque las auditorías externas se hacen a medida”, apuntó.
PREDISPOSICIÓN ACTUAL. Ángel Recalde, director paraguayo de Yacyretá, aseguró que la entidad a su cargo tiene las puertas abiertas para la CGR, de manera que puede analizar la documentación respaldatoria por la cual se obtuvo la actual cifra del pasivo.