Llamativamente, ninguno de ellos renunció a su cargo como lo hizo recientemente Karina Rodríguez, quien abandonó el puesto de directora del Área Social de la Municipalidad de Asunción, tras ser imputada por firmar una planilla a favor de Lino Xavier Valencia, un asesor español que no se encontraba en el país en ese momento en que se certificó su asistencia.
En varios escenarios se presentaron chicanas, como el del diputado José María Ibáñez, de la ANR, cuyo caso (caseros de oro) lleva dilatado dos años.
En este hecho, aparte del diputado, está procesada su esposa, Lorena Plabst, quien también cobraba el dinero que la Cámara de Diputados les depositaba a tres funcionarios, pero que trabajaban como cuidadores en la quinta del matrimonio en Areguá.
En el caso del diputado Óscar Núñez (ANR), este tiene tres imputaciones, la última por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes. Paralelamente, Núñez tiene dos acusaciones por un supuesto perjuicio de más de G. 31.000 millones, también en la Gobernación.
Por otra parte, el senador Víctor Bogado, también colorado, soporta un proceso judicial por el caso de su niñera de oro y aún así sigue como representante del Senado en el Parlatino. En esta causa está pendiente la audiencia preliminar.
Así también, el senador Enzo Cardozo (PLRA), actual miembro del Consejo de la Magistratura, trabó varias veces su audiencia preliminar por el caso de la entrega de dinero, sin ningún tipo de control, a productores.
Su correligionario, el ex ministro de Obras Enrique Salyn Buzarquis, tiene encima un proceso por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones. Se debe definir si su caso pasa a juicio oral.
El político liberal fue acusado por un supuesto perjuicio patrimonial, dinero que salió del MOPC y Yacyretá, tras un convenio con la empresa italiana Anas International Enterprise SPA para estudios de suelo en el Chaco y un plan para la gestión de catástrofes en Ñeembucú.
Otro de los políticos acusados es Camilo Soares (PMAS), acusado por supuestamente haber sobrefacturado alimentos en la SEN. Su audiencia preliminar se intenta realizar desde hace cuatro años.
TSJE. El ministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, logró medidas sustitutivas a la prisión en la causa que el Ministerio Público investiga sobre el cobro indebido de honorarios en la Justicia Electoral. De acuerdo con las investigaciones, el ministro electoral benefició a su asesor Manuel Radice con múltiples nombramientos. Este último también está imputado por el mismo caso. En la infografía (arriba) se pueden ver otros casos en su momento.
