EFE
BUENOS AIRES - ARGENTINA
El aumento de los precios en los servicios públicos de Argentina hizo saltar la alarma social. Las calles permanecen ocupadas con protestas que recuerdan una política de subsidios cada vez más menguada y las organizaciones de consumidores alertan del deterioro en la calidad de vida ciudadana.
“Argentina no es el país que más dilapida los recursos públicos en subsidios, todos los países del mundo los destinan a que estos servicios esenciales lleguen al 100% de la población”, asegura el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino. Con la intención de equilibrar de manera urgente las cuentas fiscales del país, el Ejecutivo de Mauricio Macri se escudó en la necesidad de aumentar indiscriminadamente los precios de la luz, el agua, el gas y el transporte público, que durante los gobiernos kirchneristas se pagaban a un valor ínfimo en comparación.
Algunos estudios de consumo estiman que en 2015 el porcentaje de salario mínimo que se destinaba a las facturas de esos servicios era del 6%, mientras que tres años después alcanza el 21% y lejos quedan los sueldos actuales de adecuarse al nivel inflacionario, que los analistas calculan que en 2018 superará el 27%.
Cuesta más llegar, por tanto, a acceder a los productos incluidos en la canasta básica alimentaria, que sufrió una variación interanual del 20,5% según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un incremento que se traduce en un desgaste en el bienestar social.
“Aumentó el consumo de polentas y harinas y aumentó también el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población como consecuencia de la mala alimentación; todos estos aumentos en el precio de los alimentos y de los servicios públicos inciden en la calidad de vida”, recalcó Polino.
Según los expertos, los vaivenes tarifarios son tan descontrolados por culpa de la incansable búsqueda de participación extranjera en la economía del país suramericano, donde el principal problema son “las enormes ganancias de las empresas derivadas de la falta de controles por parte del Gobierno”.