Política

Nueva solicitud para acceder a la declaración de Amarilla

 

El abogado Ezequiel Santagada solicitó nuevamente a la Contraloría General de la República acceder a la declaración jurada de bienes del senador liberal Dionisio Amarilla. Ya en junio del año 2018 un grupo de abogados presentó un pedido similar que fue rechazado sistemáticamente por el ex contralor Enrique García.

Con este nuevo pedido, Santagada apuntó que se pone a prueba la postura del nuevo contralor Camilo Benítez, asumido tras la renuncia de García, quien siempre se opuso a dar a conocer la riqueza acumulada por el legislador liberal, alegando que es potestad de la Corte Suprema de Justicia.

“Queremos saber si la postura del actual contralor es la misma o no, con relación al ex contralor, como es una cuestión de interés público”, expuso.

El pedido fue formulado con base en la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública, a la Contraloría, órgano encargado constitucionalmente de recibir las declaraciones juradas de los funcionarios y las autoridades.

La norma define que toda información que haya sido generada u obtenida por el Estado es de carácter público, salvo que esté reservada. Mientras que la Ley 5033 establece que se puede acceder a la declaración jurada vía orden judicial, debido a los datos sensibles. “Es por eso que aclaré en la solicitud que, con base en el principio de visibilidad, que está claramente establecido en la norma reglamentaria de la ley de acceso a la información pública, yo no quiero acceder, por ejemplo, a nombres de hijos menores de edad del senador, tampoco me interesa conocer sus números de cuentas bancarias, pero sí en qué bancos, en qué país y qué montos ha declarado que tenía depositados. No quiero saber cuál es la dirección ni el teléfono particular del senador, simplemente el listado de sus bienes”, especificó.

Es así como, en caso de que la Contraloría responda favorablemente, también deberá indicar “identificaciones por finca y cuenta corriente catastral de bienes inmuebles o número de dominio en caso de automotores, o cual sea la identificación en caso de buques o aeronaves y hasta ganado”, mencionó Santagada.

Sobre el argumento de Amarilla de que está protegido por la Ley 977/96, Santagada dijo que es un análisis parcial despegado para no hacer pública su declaración.

Tras la solicitud, la Contraloría tiene 15 días hábiles para responder. “Si no responden, yo tengo dos opciones, o presento un recurso de reconsideración ante el contralor”.

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