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Nueva denuncia contra clan Zacarías por supuesto cobro irregular

Una nueva denuncia fue presentada este jueves en contra del clan Zacarías Irún, que implica al ex director de Recaudaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Se habla de un presunto cobro irregular de más de G. 2.000 millones.

La denuncia es del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien detectó que en un periodo de cinco años (2013-2018) la ex jefa comunal Sandra McLeod autorizó el cobro por la solicitud de prescripción y exoneración de multas a los impuestos inmobiliarios.

Según las acusaciones, el monto impuesto arbitrariamente para cada trámite fue de G. 100.000. El documento aclaró que esta suma solo debía ser abonada para las patentes comerciales, no así para los impuestos inmobiliarios.

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El cobro es considerado irregular y supuestamente se autorizó con la ordenanza 17/2013 emitida en noviembre del año 2013, informó el corresponsal Edgar Medina.

De acuerdo con los cálculos realizados por la actual administración, en ese lapso de tiempo consiguieron recaudar G. 1.081 millones en concepto de prescripción y G. 1.060 millones por pedidos de exoneración.

Además, se sindica como otro de los responsables al senador Javier Zacarías Irún, esposo de McLeod, quien fue apuntado por ser el “intendente de facto” en su condición de asesor ad honórem.

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Esta situación salpicó también al ex jefe de Recaudación, Walter Feltes Melgarejo, por supuestamente proceder a los cobros a sabiendas de la ilegalidad de los mismos.

Los hechos denunciados son exacción y asociación criminal. La Comuna de Ciudad del Este solicitó al Ministerio Público formular la imputación y ordenar la prisión de todos los implicados.

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El clan Zacarías también fue denunciado en su momento por supuesta producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros hechos punibles.

En febrero pasado, Sandra McLeod fue destituida del cargo de intendenta por la Cámara de Diputados, tras confirmarse 30 irregularidades en su administración, a través de la intervención ordenada por el Poder Ejecutivo, a cargo de Carolina Llanes, hoy designada ministra de la Corte Suprema de Justicia.

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