Opinión

Notificaciones

 

El periódico El Mundo de España, hace unos días publicaba una noticia bajo el título: “Un juez lleva al Constitucional el sistema de notificaciones telemáticas de Justicia por convertir en “esclavos” a los abogados”.

Según el magistrado, el pedido se debía a que los profesionales “no tienen derecho a descanso, ni vacaciones, convirtiéndose en esclavos de su ordenador y de estar conectados en sus oficinas a ver si el órgano jurisdiccional le envía una notificación”.

El juez solicitó al Tribunal Constitucional anular un artículo de la ley de enjuiciamiento civil sobre las notificaciones informáticas, porque entiende que convirtió a los abogados y procuradores en esclavos.

De acuerdo con la información, la normativa da por hecho que los profesionales del Derecho están notificados con todos sus efectos por vía electrónica, aunque el destinatario no haya accedido al contenido.

El caso es manejado por el Juzgado de lo Social 14 de Madrid, a cargo de Arturo Rodríguez Lobato, quien aprovechó la causa de una trabajadora que demandó a su empresa y vio archivada su acción, porque su abogada no vio una comunicación y se le pasó el plazo para contestar.

El juzgador consideraba que el precepto “vulnera los más mínimos principios de dignidad, de derecho a la salud y descanso de las personas”. Incluso, se viola la tutela judicial efectiva, a más de que no garantiza el descanso necesario para la salud.

La historia puede servir perfectamente para nuestro país, porque la notificación electrónica fue implementada para los casos civiles y penales, por disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos consideran que la resolución del Máximo Tribunal modifica los códigos procesales, con respecto a las notificaciones, lo que echa por tierra la prelación de las leyes; la conocida pirámide de Kelsen.

En ambos fueros, el expediente ya es totalmente electrónico, por lo que si un profesional quiere ver el proceso, debe recurrir al sistema computarizado.

Las notificaciones llegan por esta vía, apenas se dictan las resoluciones, por lo que los abogados deben estar constantemente fijándose en el sistema para ver si no salió algún fallo para que no se le pasen los plazos procesales.

El caso de España ocurrió en enero, por lo que no creo que pase aquí, porque en ese mes hay feria judicial y los casos no son tramitados. Sin embargo, la experiencia sirve.

La notificación electrónica llega solo a los abogados y no a sus clientes. Por esta razón, ahora, los usuarios de justicia deben confiar totalmente en sus abogados, ya que no podrán ver sino a través de ellos las resoluciones dictadas en sus expedientes.

Es más, hace poco, una persona se quejaba de que le estaban a punto de desalojar, sin que le hayan notificado la sentencia. En el Juzgado le dijeron que su abogado había sido notificado vía electrónica en mayo pasado y no apeló, por lo que la resolución ya estaba firme.

El hombre hacía meses no hablaba con su abogado, que le patrocinó en los primeros escritos. Se enteró del fallo porque le llegó personalmente una notificación de un incidente que fue rechazado hace meses.

Entiendo que, en el caso de las sentencias, además de las notificaciones electrónicas, también deberían ser comunicadas personalmente a los afectados, ya que hechos como estos violan el artículo constitucional del derecho a la defensa en juicio.

Si bien la vía electrónica es un avance en los juicios, evitando tener que ir a los tribunales para saber lo que pasa en el expediente, también tiene sus puntos flojos. Las críticas van por la lentitud del sistema, los días en que están fuera de línea, la falta de preparación de algunos operadores, entre otras.

Son varios los puntos a ser ajustados en el sistema electrónico, pero lo principal es cuidar que estos avances no violen las garantías constitucionales que tanto costaron ganar. No hay que olvidar que, después de todo, es la Ley Suprema.

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