Editorial

No seguir gastando millones en la FTC con muy pobre resultado

Tan solo en pago a informantes para ubicar a los integrantes del grupo criminal armado EPP y lograr la recuperación de personas secuestradas, la Fuerza de Tarea Conjunta ya gastó 4.000 millones de guaraníes entre enero y agosto de este año, sin demostrar ningún resultado. Por el contrario, una investigación sostiene que los miembros de la Fuerza cometen abusos y violencia contra comunidades campesinas. En lugar de debatir y analizar el tema, los legisladores evitan estudiar un proyecto de ley que propone disolver este cuerpo de seguridad. Es el momento de analizar si vale la pena seguir gastando millones en operaciones militares y policiales que arrojan muy pobres resultados.

Mucho dinero gastado y casi ningún resultado concreto. Es el balance que caracteriza a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) desde su controvertida creación por Decreto N° 103 del 24 de agosto del 2013, firmado por el entonces presidente Horacio Cartes, cuando propuso emplear a los militares en tareas de seguridad interna, en forma conjunta con la Policía, buscando mayor efectividad en la lucha contra el grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otros grupos similares fuera de la ley que operan en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Desde entonces, sin embargo, a pesar de que anualmente se destina un millonario presupuesto al mantenimiento de dicha agrupación especial, no se ha logrado desactivar la acción criminal del EPP ni capturar a ninguno de sus dirigentes más buscados. Por el contrario, han surgido nuevos grupos armados como el llamado Ejército del Mariscal López (EML) y se mantiene a dos personas secuestradas por el mayor tiempo de cautiverio ilegal registrado después de la dictadura: el caso del policía Edelio Morínigo, que hoy cumple 1.890 días en poder del EPP, y el ganadero Félix Urbieta, que lleva 1.059 días en manos del ELM sin que hasta ahora se haya podido confirmar si siguen con vida.

Para este año 2019, el Gobierno destinó cerca de 15 millones de dólares a la unidad militar-policial, y para el 2020 prevé destinarle USD 14,5 millones del dinero de los contribuyentes. Un dato llamativo es que de enero a agosto de este año ya se gastaron 4.000 millones del rubro destinado al pago de informantes, supuestamente a cambio de proporcionar información valiosa que permita hallar y capturar a los miembros y principalmente a los cabecillas del EPP o el EML, pero tal cosa no ha ocurrido. Es decir, se gastó mucha plata a cambio de nada. Además, con la excusa de que se trata de una cuestión de seguridad nacional, ni siquiera se ofrece transparencia acerca de cómo se gasta el dinero.

A diferencia de la falta de resultados positivos en el accionar de la FTC, abundan las denuncias sobre abusos en sus operativos. Recientemente se ha dado a conocer el libro , que difunde los resultados de una investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip-Py) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que refiere casos de ejecuciones extrajudiciales hasta tortura, pasando por allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, supuestamente cometidos por miembros de la FTC y además acusa a la Fiscalía de encubrir los graves hechos.

En lugar de debatir y analizar el tema, los legisladores evitan estudiar un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), que propone disolver este cuerpo de seguridad. El tratamiento del proyecto acaba de ser postergado sine die por el Senado. Mientras tanto, el presidente Abdo Benítez anunció su pretensión de que las Fuerzas Armadas se involucren también en la lucha contra el narcotráfico.

Es el momento de analizar si vale la pena seguir gastando millones en operaciones militares y policiales que arrojan muy pobres resultados.

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