El desafío más grande en caso de que el Poder Ejecutivo promulgue la ley que establece la fiscalización de las binacionales será el control imparcial y transparente por parte de la Contraloría General de la República, institución que cuenta con antecedentes de blanquear a las autoridades con gestiones irregulares.
Sin embargo, el contralor general Camilo Benítez, si bien reconoce que en periodos anteriores se dieron evaluaciones no objetivas, señala que no se puede hacer responsable del pasado.
En ese sentido, indicó que la Contraloría es una de las instituciones del Estado con mayor capacidad técnica y calidad en recursos humanos. “Los auditores de la Contraloría son personas muy objetivas. Nosotros trabajamos con muchísima objetividad, con imparcialidad y muchísima transparencia, esos son los condimentos que debe tener la gestión de cualquier contralor para que no ocurran ese tipo de cosas”, aseguró.
En referencia a la afinidad histórica de los contralores con el partido de gobierno, Benítez apuntó que es necesario que el proceso de auditoría de la Contraloría también sea transparentado.
“Que los trabajos se realicen con absoluta imparcialidad, que uno no vea a quién está auditando por el color del partido que pertenece o la orientación ideológica y, en segundo lugar, trabajar con transparencia”, manifestó.
Otro punto importante que destacó el contralor es que los trabajos de auditoría que se realizan también deben ser revisados.
“Es decir, los procesos de auditoría también se deben transparentar, de manera que también nuestro trabajo pueda ser revisado”, resaltó.
Reconociendo que la Contraloría es la máxima instancia de control del Estado, Benítez comentó que para que puedan ser controlados, todos los informes de la institución son publicados en la página web.
“Y pueden ser objeto de revisión por la ciudadana misma. Si es que nosotros hicimos un informe que le blanquea a una autoridad que está cometiendo alguna irregularidad, ese informe es revisable. Entiendo que no es revisable por otra instancia administrativa, pero sí los trabajos se pueden transparentar”, aclaró.
El contralor precisó que los funcionarios están preparados para el desafío de auditar las binacionales y eso es algo a quién sea el contralor.
Finalmente, Benítez aclaró que los informes de la Contraloría son vinculantes, pero en caso de que un dictamen no sea cumplido, no existe sanción. “No hay castigo para quien incumple la recomendación”, explicó.
Comentó además que cuando un caso pasa al Ministerio Público, la Contraloría deja de tener incidencia.
Finalmente, Benítez celebró como un hecho histórico que se pueda auditar una binacional, aunque aún queda pendiente la decisión del presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Si se incumple un dictamen no hay sanción. Y escapa de nuestras manos una vez que pasa a las esferas del Ministerio Público.
Que los trabajos se realicen con imparcialidad, que uno no vea a quien está auditando por el color del partido. Camilo Benítez, contralor.