Hay muchas cosas que se han hecho mal desde el inicio con el proyecto de construcción del Metrobús, tal como lo ha reconocido ayer en declaraciones a Radio Monumental su principal impulsor, el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Una de ellas fue no haber verificado previamente la situación jurídica de las propiedades privadas que iban a ser afectadas y no haber garantizado suficientemente la liberación de las zonas en donde debían realizarse los trabajos, antes de asumir la contratación de la obra vial de mayor envergadura.
Hubo mucho de populismo y de irresponsabilidad en la administración del presidente Horacio Cartes y del ministro Jiménez Gaona, pero en perspectiva las responsabilidades acerca de esta obra alcanzan incluso a anteriores administraciones del MOPC. El proyecto se originó en el 2011, durante la gestión del entonces ministro Efraín Alegre y el gobierno de Fernando Lugo, y desde entonces ha habido una suma de errores que finamente explota en manos de la administración del actual mandatario, Mario Abdo Benítez.
Más allá de las críticas de índole política, hay metidas de pata de carácter técnico y de índole jurídico, como el de no haber previsto inicialmente las obras de construcción de sistemas de desagüe, o no informarse acabadamente de expropiaciones no cumplidas con los frentistas desde la época de la dictadura del general Alfredo Stroessner. No se puede iniciar a tambor batiente una obra tan ambiciosa y costosa para el país sin cubrir primeramente todos los frentes.
Otra de las deficiencias graves fue no haber trabajado previamente en lograr el consenso y la participación de los comerciantes y los moradores del área afectada. Ninguna obra se puede hacer en buena forma si los vecinos a ser afectados no están de acuerdo y si no se les compromete un justo resarcimiento por los daños y perjuicios que se les llega a causar. Ha pasado el tiempo de imponer autoritariamente las condiciones de las grandes obras desde los organismos de gobierno, como se hacía impunemente en épocas de la dictadura.
Tras excesivas demoras, hoy las obras del Metrobús están en un impasse, dejando a una de las principales vías de acceso a la capital en un estado inutilizable. Y lo más grave: unos 200 comercios han debido cerrar y unos 1.200 trabajadores tuvieron que ser despedidos, según datos de los frentistas.
Más allá de las distintas versiones sobre las causas del desastre, lo importante es auxiliar con urgencia y de manera efectiva a los frentistas damnificados y buscar que los tramos afectados de la ruta Mariscal Estigarribia y de la avenida Eusebio Ayala puedan volver a ser utilizados en la mayor brevedad. Sin embargo, el Gobierno no debe relegar el derecho de la ciudadanía a acceder a un sistema de transporte público digno. Además de determinar las responsabilidades del actual fracaso e imponer las sanciones correspondientes, es necesario corregir técnicamente los errores y asumir la continuidad del proyecto, de la manera más funcional y transparente para la población.
