Con el nuevo decreto del Poder Ejecutivo, que concede un incremento del subsidio para el servicio de transporte del área metropolitana, buscando que no se reajuste el precio del pasaje tras la reciente suba de combustibles, se demuestra de qué manera las autoridades siguen sujetas a los intereses de los empresarios transportistas y en contra de la ciudadanía.
El Decreto 5659 establece que la tarifa técnica del servicio convencional es de G. 3.264; mientras que la tarifa para el servicio diferenciado queda en G. 4.288, correspondiente a marzo pasado. Para abril varía la tarifa para el convencional y alcanza G. 3.602, y para el servicio con aire acondicionado llega a G. 4.702. Los aumentos del subsidio fueron fijados para el pago retroactivo de marzo y abril. Específicamente, se pagará por el mes de marzo G. 964 por cada pasaje convencional y G. 888 por el diferencial. Esas cantidades aumentan para abril, siendo G. 1.302 indistintamente para los dos servicios consignados.
Desde hace tiempo, la rosca empresarial que maneja el pésimo servicio del transporte público hace lo que quiere con las autoridades y los políticos, porque los mismos no están dispuestos a renunciar a los recursos que estos les proveen principalmente para arrear votantes en los días de las elecciones.
Esta forma de chantaje con base en el populismo y el clientelismo político sigue siendo la principal traba para que podamos dejar atrás un sistema arcaico y desfasado de transporte, que constituye un cotidiano calvario para miles de usuarios que deben esperar horas por causa de las reguladas de frecuencias, resignarse a viajar apiñados como en latas de sardinas y exponerse al contagio del Covid-19, debido a la inevitable aglomeración en los vehículos.
El fracaso del proyecto Metrobús y los bloqueos a diversos proyectos de transporte moderno, como sistemas de buses movidos a electricidad o a la postergada implementación del uso de trenes o vehículos fluviales, entre otras iniciativas, demuestran que los gobernantes y la clase política siguen siendo prisioneras de la rosca transportista.
Con el nuevo aumento del subsidio concedido por el Gobierno, los empresarios alcanzan cómodamente un doble subsidio, sin olvidar que también lograron un precio preferencial en el diésel que les provee Petropar, desde la suba de los combustibles en mayo pasado. Asimismo hay que mencionar las constantes reguladas que han ejercido en perjuicio de los usuarios en plena pandemia, arriesgando el incremento de contagios, como lo reflejaron los medios y los internautas en las redes, con buses abarrotados de pasajeros.
Continuar premiando a quienes casi nada han puesto de su parte para ayudar durante la grave crisis de la pandemia constituye una abierta complicidad en contra de los intereses de los usuarios. Es hora de que las autoridades y los políticos dejen de conceder privilegios a una rosca que maneja de manera muy arcaica un servicio público vital, solamente por contar con sus recursos para arrear votantes durante las elecciones, y se decidan a apostar por un sistema de transporte moderno, funcional, eficiente, cómodo, digno y al servicio de la gente.
