Por Javier Núñez
Coronel Oviedo
Los negociadores del secuestro de Hirokazu Ota, el policía Rafael Ramos y la profesora Nancy Giménez fueron ayer a Caaguazú para entregar los 300 mil dólares solicitados por los delincuentes para la liberación de las víctimas, confirmó una fuente de la Policía plenamente identificada por nuestro diario.
Las gestiones entraron en su tramo final teniendo en cuenta que lo exigido por los captores ya fue recaudado.
Ante esta información surgida en la tarde de ayer y la posibilidad cierta de la liberación de las personas que siguen en cautiverio, un grupo de efectivos policiales permanecen en total alerta en la zona de Caaguazú.
A los agentes que estaban trabajando en la zona se sumaron ahora los miembros del departamento de Investigación de Delitos del Alto Paraná.
Respecto al procedimiento policial los uniformados realizan los cortes de rutas donde verifican vehículos y a sus ocupantes.
En cuanto a los agentes que trabajan de civil, intensifican en el ámbito de la inteligencia policial de manera a tratar de dar con el posible lugar donde permanecen cautivas las tres personas.
AÚN NO HABLÓ. En cuanto a la ciudadana japonesa Sawako Takayama, quien fue liberada la semana pasada en zona de Campo 9, aún no conversó con el fiscal de la Unidad Antisecuestro, Rogelio Ortúzar.
La oriental dijo a sus familiares que tampoco hablará con la prensa teniendo en cuenta que existe una velada amenaza de que si brinda detalles del plagio, la vida de las 3 víctimas corría peligro.
PREOCUPACIÓN. Las autoridades municipales de Caaguazú
convocaron el pasado sábado a todas las autoridades que están involucradas en la investigación del secuestro ocurrido el pasado 1 de abril a la altura del kilómetro 185 de la ruta VII.
A la Policía Nacional representó el comisario principal Virgilio Escobar López. A las fuerzas militares, el teniente Edgar Cabrera y el agente fiscal de la zona de Caaguazú, Rafael Baranda.
La reunión fue a puertas cerradas y en consecuencia la prensa no pudo tener el conocimiento pleno de lo tratado en dicha ocasión.
Se informó posteriormente que las autoridades municipales cuestionaron duramente a los militares debido a que no cumplieron la misión que les fue encomendada a inicios de este año.
Debían realizar tareas de prevención junto a la Fiscalía y la Policía, pero las veces que lo hicieron fue por cuenta propia y sin dar participación al Ministerio Público.
Señalaron también que la inseguridad ya es insostenible en el quinto departamento por lo que permanentemente ocurren hechos delictivos.