Editorial

Negación a reconocer dictadura ofende a la memoria histórica

La oposición de varios diputados del Partido Colorado a que se incluya en un proyecto de ley que el gobierno del general Alfredo Stroessner fue una dictadura es una ofensa contra la memoria histórica del pueblo paraguayo. Institucionalmente, aunque muchos colorados fueron también víctimas de la tiranía, la ANR nunca hizo autocrítica ni mea culpa por sostener a un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad e incluso mantiene al dictador como presidente honorario de la nucleación. La negación de un hecho histórico por parte de referentes del partido político en el Gobierno es un agravio a las víctimas y contribuye muy poco a la formación de una conciencia crítica. La ANR debe rever este grave error.

Aunque no constituye una sorpresa que muchos referentes del Partido Colorado siguen admirando la figura del líder de la más larga dictadura que tuvo el Paraguay en toda su historia, sí resultó inesperado que una mayoría de los diputados de dicha nucleación política se atrevan a oponerse, durante una sesión de la Cámara de Diputados, a que se consigne que el gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989) fue una dictadura y que de tal manera sea mencionado en el texto de un proyecto de ley que busca indemnizar a los excombatientes y familiares de quienes murieron durante el golpe militar que puso fin al régimen.

A estas alturas de las circunstancias, negar que el gobierno de Stroessner fue de carácter dictatorial resulta tan ilógico como avalar la corriente negacionista que, a un nivel más internacional, también intenta negar que haya existido el llamado Holocausto, conocido como la persecución y el asesinato sistemático de millones de personas, principalmente del pueblo judío, por parte del régimen nazi de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

En el caso del régimen dirigido por Alfredo Stroessner, existen suficientes documentos y testimonios que certifican su carácter dictatorial, como los reportes oficiales de la propia Policía del stronismo, que actualmente se guardan en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Museo de la Justicia, del Poder Judicial, también conocido como Archivo del Terror, como en los voluminosos informes oficiales de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo que fue creado por el propio Estado paraguayo por Ley 2225/03, para “establecer en forma oficial la verdad y la justicia histórica sobre los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos en nuestro país durante la dictadura stronista“.

El informe oficial de la CVJ establece claramente que el régimen stronista fue una dictadura y entre sus varias comprobaciones sostiene que hubo 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal, 18.772 torturados, 59 personas ejecutadas extrajudicialmente, 336 desaparecidos (cifra que luego ascendió a 459, con nuevas comprobaciones), 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas (familiares y allegados) y unas 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas.

Por ello, la oposición de varios diputados del Partido Colorado a que se incluya en un proyecto de ley que el gobierno del general Alfredo Stroessner fue una dictadura, es una ofensa contra la memoria histórica del pueblo paraguayo.

Aunque muchos colorados fueron también víctimas de la tiranía, la Asociación Nacional Republicana (ANR) nunca hizo autocrítica institucional por su participación en haber sostenido a un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad e incluso mantiene al dictador como presidente honorario de la nucleación.

La negación de un hecho histórico por parte de referentes del partido político en el Gobierno es un agravio a las víctimas y contribuye muy poco a la formación de una conciencia crítica.

La ANR debe rever este grave error.

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