Este saldo negativo al poner en perspectiva la calidad de vida de la mayoría de la población requiere políticas públicas que remuevan los tres factores señalados en el informe. Para eso proponen estos ámbitos en los que las políticas deberán impactar: el fortalecimiento de instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios, la gestión del patrimonio natural, la calidad de los servicios públicos y el aumento del capital humano. En general, no habría discusión sobre la relevancia de estos temas.
Sin embargo, desde otras miradas habría que incorporar más factores y ámbitos que preocupan a la ciudadanía y, sobre todo, las acciones necesarias.Por ejemplo, temas como la salud, si bien está incluido en el informe poniendo énfasis en la necesidad de aumentar la eficiencia de los recursos públicos, es un ámbito en el que se reflejan los problemas señalados por el Banco Mundial.
La provisión ineficiente y la exclusión de numerosos sectores se relaciona con escasez de recursos derivada de la baja presión tributaria y el excesivo poder de grupos minoritarios –proveedores privados, gremios de funcionarios públicos, políticos– en detrimento de la ciudadanía. La informalidad laboral se traduce en exclusión de los mecanismos de acceso a la seguridad social que provee servicios de salud y alimenta la ineficiencia de los recursos públicos y privados destinados a financiar la salud de la población.
El documento debe ser leído y analizado no solo por las autoridades y funcionarios públicos que gestionan la cosa pública, sino también por la ciudadanía cuyos derechos establecidos constitucionalmente están permanentemente siendo incumplidos y por cualquiera preocupado por el desarrollo de Paraguay.El Estado tiene un rol central en la solución de los problemas públicos. Debe dejar de ser un enclave destinado a beneficiar a unos pocos y cumplir su objetivo de perseguir el bien común y no los intereses de sectores particulares y minoritarios.
Si queremos superar la pobreza, las desigualdades y los altos niveles de vulnerabilidad social, ambiental y fiscal, señalados como ámbitos prioritarios por el Banco Mundial, es necesario remover los factores estructurales que hacen que el Estado termine siendo capturado y beneficiando a una élite político-económica que a la vez que construye su poder y riqueza gracias a este, impide la vigencia de un contrato social.Como señala el documento, el país debe implementar políticas basadas en un compromiso a largo plazo para el crecimiento inclusivo y la entrega de bienes y servicios que reflejen los intereses de un segmento más amplio de la sociedad.
