En 2008 los Monges Samudio fueron denunciados como invasores de los bosques de la represa. En 2016 lograron licencia para convertir el lugar en un “Club de Pesca y Deportes Náuticos”.
La Dirección Jurídica de la Binacional dice que las empresas privadas, clubes sociales, puertos y areneras operan legalmente, pero no admiten presencia de los indígenas que la represa desterró.
La presencia masiva de brasileños en el Este del país, sobre todo en la zona de seguridad fronteriza, se dio mediante la modificación de la ley que realizó en su tiempo Alfredo Stroessner.
La organización que lucha por los derechos humanos junta firmas para remitir una carta al presidente de la República, donde le piden que la binacional no desaloje a la comunidad Sauce.
En un informe remitido al Congreso, la binacional reconoce que la mayoría de los ocupantes ilegales que deforestan los bosques de la franja de protección son migrantes que provienen del Brasil.
La bancada del Frente Guasu solicitó que los legisladores que analizan el acta secreta y temas sobre la binacional aborden la investigación de ÚH y la situación de la comunidad Sauce.
La comunidad avá guaraní Sauce fue notificada este martes sobre la demanda de desalojo que promueve la binacional en su contra. En la misma zona funciona impune un puerto clandestino.
Varias empresas dedicadas a la cría de ganado lograron que la binacional les otorgue permisos para montar “abrevaderos” que también se convirtieron en puertos clandestinos para tráfico ilícito.
La franja de bosques de protección y el área prioritaria de la binacional también fueron utilizadas para la construcción de accesos al río Paraná con la venia y los fondos de la propia hidroeléctrica.
Las áreas protegidas de la represa figuran como privadas, por lo que la ley no exige a colindantes las zonas de amortiguamiento. Los guardaparques tampoco tienen el estatus que requieren.
Página anterior