Economía

MT: Justicia frena pago de multas por USD 8 millones

Unas 400 empresas adeudan USD 8 millones al Ministerio del Trabajo en concepto de multas. Las mismas judicializaron sus casos, que no son resueltos en el Poder Judicial por las chicanas.

El Poder Judicial retiene alrededor de USD 8 millones en concepto de multas impuestas a 400 empresas, que habían sido sancionadas por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento de las leyes laborales y que judicializaron sus casos para no efectivizar las sanciones, según denunció la ministra Carla Bacigalupo.

“Nosotros les establecimos todo el proceso, les fiscalizamos, abrimos el sumario y les impusimos la multa, pero las empresas vienen con su recurso de reposición (de multas) y cuando le rechazamos recurren al Poder Judicial y este, en vez de ser expeditivo y rápido, tiene años y años durmiendo los casos y ahí están los USD 8 millones parados en multas”, señaló la titular del Trabajo.

Bacigalupo expresó que están abogando ante la Corte Suprema de Justicia para que se agilice la efectivización de esas multas, no por la recaudación que significaría, sino por la impunidad que las constantes chicaneadas judiciales generan en los empresarios. “Es que ellos (los empresarios) alegan que: ‘no es problema que el Ministerio del Trabajo nos fiscalice, con tal me voy al Poder Judicial y no pago nunca la multa’. Esto crea un halo de impunidad terrible”, se quejó la ministra.

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Este dato surgió en el marco de la evaluación del año de gestión de Bacigalupo al frente de la cartera del Trabajo y para contrarrestar las constantes denuncias de los gremios sindicales y trabajadores ante la falta de fiscalizaciones efectivas a las empresas que incumplen o violan las leyes laborales.

Control cruzado. La ministra alegó que heredaron una deuda histórica de otros gobiernos sobre el control efectivo de las leyes laborales, por lo que desde que asumió instalaron un sistema de control cruzado con IPS y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Además, justificó que no pudo aumentar la cantidad de fiscalizadores a nivel país para el control de las empresas porque Hacienda no aprobó hasta ahora la ampliación presupuestaria solicitada. En contrapartida, señaló que su cartera está en línea permanente con el IPS y el MIC, de forma a cotejar que las empresas registren a sus empleados, e, incluso, están ejerciendo un fuerte control sobre las mipymes para el mismo efecto.

Bacigalupo agregó que en un año la cartera realizó 360 inspecciones y fiscalizaciones, lo que representó en multas impuestas por la violación de los derechos laborales de G. 2.431 millones, 59 sumarios administrativos y 99 en proceso de cierre. “Esto significó la inscripción automática de más de 500 trabajadores en IPS”, se defendió.

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