Las medidas para atenuar la crisis económica en las familias todavía están pendientes. Gran parte de la población vive del trabajo informal, por cuenta propia o en micro y pequeñas empresas. Dependiendo de cómo se mida esta población, tenemos al 70% de los trabajadores. Alrededor del 10% es trabajador del sector público y tiene un sueldo medianamente estable y relativamente más alto que el del resto del país.
El trabajo en las empresas medianas y grandes representa alrededor del 12% del total, pero dadas las cifras de informalidad en empresas “formales” y la evasión a la seguridad social, resulta que el empleo privado protegido en el sector de las medianas y grandes empresas estaría entre el 6% y 10%. Estas cifras son oficiales provenientes de las encuestas de hogares y contrastadas con otras fuentes de información como los registros de IPS. Estas cifras nos indican que, para que los beneficios sean transparentes y lleguen de manera directa a los beneficiarios, deben centrarse en ellos, sin intermediación.
El financiamiento adicional de medidas sanitarias debe tender a construir un sistema de salud universal y gratuito de manera que el nivel de ingresos no sea un obstáculo para tener acceso a atención médica. Es el momento de enfrentar de manera estructural y de largo plazo una demanda ciudadana postergada por la ausencia de compromiso y responsabilidad de las autoridades.
Las medidas sanitarias deben incorporar el acceso a agua potable. Esta epidemia, así como la malnutrición y la mortalidad infantil por enfermedades infectocontagiosas, está íntimamente relacionada con este recurso vital. Los bonos soberanos tienen como objetivo financiar la infraestructura. Pues es la hora de dejar de construir viaductos, puertos y otras obras sin retorno social para priorizar la salud de las personas.
Las medidas de defensa al empleo deben direccionarse hacia el Sistema de Protección Vamos. Cualquier beneficio a las empresas debe ser otorgado utilizando como punto de partida el trabajo declarado en la seguridad social; es decir, IPS. Si el trabajador no está formalizado, el beneficio debe dirigirse de manera directa a este trabajador.
Las poblaciones de menores niveles de ingreso que representan aproximadamente el 60% del total deben contar con medidas especiales, independientemente de que trabajen o no, ya que en este grupo están sobrerepresentados niños, niñas, adolescentes y mujeres sin ningún tipo de ingresos. Para ellos deben garantizarse servicios públicos con costos mínimos o gratuitos —agua, energía eléctrica— y un ingreso básico que les permita al menos un plato de alimento diario.
El crecimiento económico de los últimos años no fue distribuido de manera equitativa, tampoco los beneficios de las políticas públicas. Por eso Paraguay se encuentra entre los peores países de la región en materia de desigualdad y calidad de vida. Es el momento de actuar para todos y no solo para los privilegiados de siempre.
