Opinión

Modificaciones

 

Días atrás, los legisladores analizaron modificar el artículo 245 del Código Procesal Penal, con la intención de volver a la redacción original de la normativa, antes de ser cambiada por la Ley 4431/2011, que prohibió conceder medidas alternativas para los denominados crímenes.

Dentro de ese estudio, los senadores señalaron que podrían ser culpados por la ciudadanía de liberar a los motochorros, por lo que variaron el proyecto en estudio.

De esta manera, determinaron que no podían ser objeto de medidas alternativas o sustitutivas, los hechos de homicidio doloso, lesión grave, violación sexual, abuso sexual en niños y secuestro. Así, al final, no variaron mucho la Ley 4431/2011.

En realidad, el fondo de la cuestión es la confianza; es decir, con la primera modificación, evitaron que los jueces penales pudieran decidir si le dan o no la libertad a una persona. Ahora, nuevamente, le quitan la potestad en cinco hechos punibles, ya que tienen miedo de que los jueces los liberen a todos.

En otras palabras, desconfían de los magistrados. Tienen un prejuicio de que todos los jueces son corruptos y darles esta potestad es dejarles que coimeen libremente. La cuestión no debería ser así.

En principio, la redacción original del Código Procesal Penal señalaba que para dictar la prisión primero debía ser oído el imputado, ya que en el sistema anterior el juez enviaba a la cárcel al procesado desde su oficina, sin siquiera ver su cara. Se quiso humanizar la cuestión.

Además, como requisitos para decretarla debían tener elementos suficientes de la existencia de un hecho punible grave; que sea necesaria la presencia del imputado y que existan suficientes pruebas para sostener que el imputado es autor o partícipe del hecho. Finalmente, que haya peligro de fuga o de obstrucción de las pesquisas. Incluso, explica cómo se da el peligro de fuga.

Con esta redacción, eran los fiscales los que, en sus imputaciones, debían probar estos elementos para pedir la prisión de una persona.

Sin embargo, con la Ley 4431/2011, los agentes del Ministerio Público se acostumbraron a no argumentar sus pedidos, ya que al ser crímenes, directamente solicitaban prisión. Esto hizo que se presentara cualquier mamotreto de una página como “acta de imputación”.

Es más, algunos ponían varios delitos, sin siquiera justificarlos, para pedir la prisión. Los jueces, maniatados por esta ley, tampoco podían hacer mucho, ya que el contradecir a los fiscales es exponerse al Jurado de Enjuiciamiento.

Y hay que reconocer que los fiscales saben mediatizar la cuestión para disparar contra los jueces. Esto pervirtió la legislación original, ya que prácticamente pasamos de nuevo al sistema inquisitivo.

Si existe un hecho punible grave, donde el fiscal justifique el pedido de prisión, es difícil que el juez libere al procesado. Además, si lo hace, el agente también puede recurrir ante el Tribunal de Apelación para que la resolución sea revisada.

No obstante, el populismo de los congresistas, sumado a que están acostumbrados a dictar leyes-parches, hacen que ninguna legislación pueda ser aplicada convenientemente.

A esto se suma que las personas que aplican la ley deberían estar en el debate porque recién ahí uno se da cuenta de que existen puntos oscuros o vacíos que imposibilitan que la normativa funcione.

Además, como dice un dicho popular, los paraguayos vemos cómo podemos vulnerar la ley, antes siquiera de que sea aplicada. Eso siempre conspira en contra de la legislación.

Las normas jurídicas deben ser hechas de manera responsable, con análisis profundos de la realidad, sin prejuicios, no solo porque caerán bien o mal a la ciudadanía. Debe traer soluciones y no problemas.

La situación de nuestras cárceles urge legisladores responsables para evitar que sigan llenándose de gente muchas veces sin motivo porque los encargados de probar los hechos, ni siquiera se molestan en investigar.

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