Informes de organismos internacionales muestran las debilidades que enfrenta el aparato estatal para gestionar con eficiencia e integridad los fondos públicos. La falta de instrumentos de gestión, el limitado uso de la evidencia empírica para tomar decisiones políticas, la ausencia de una carrera del servicio civil, la impunidad en los casos de tráfico de influencia, abuso de poder y nepotismo y los conflictos de intereses son algunos de los factores que obstaculizan los buenos resultados.
Por otro lado, la inseguridad jurídica desincentiva la participación de empresas serias en las contrataciones públicas y, al contrario, atrae empresas de dudosos antecedentes e incluso con evidencia de incumplimientos de contratos, fraudes y pago de sobornos en el exterior.
Las evaluaciones realizadas a estos modelos de financiamiento en otros lugares del mundo señalan claramente cuáles son las condiciones que deben regir para que una mayor presencia del sector privado en las inversiones públicas se traduzca en eficiencia y calidad de las obras y este aporte privado permita que se liberen recursos públicos para dedicarse a otras acciones.
Es decir, se espera que la participación del financiamiento privado reduzca los costos de las obras y mejoren la calidad debido a la apertura de la competencia en el mercado y a la vigencia de contratos a largo plazo. Gracias al mayor involucramiento privado, se supone que el Estado podrá destinar los recursos tributarios a bienes públicos como la provisión de salud, seguridad, educación básica, agua potable, saneamiento, protección social, seguridad ciudadana, entre otros. Desde el inicio en el uso de estos mecanismos no se han dado señales de que estas ventajas se concretarían. En primer lugar, la competencia ha sido mínima y para empeorar, varias de las empresas que han presentado ofertas tienen oscuros antecedentes en otros países.
En segundo lugar, en uno de los casos, las empresas adjudicadas no logran conseguir el financiamiento privado que requieren, por lo que el proceso está próximo a fracasar. El problema adicional que se generaría es que si consigue los fondos, probablemente será a costos bastantes más altos que si el Gobierno financiara la obra por la vía créditos del Estado tomados de la banca internacional de desarrollo e inclusive con bonos soberanos.
Todos estos problemas suceden cuando todavía no se ha iniciado la obra. La experiencia internacional demuestra que existe una alta probabilidad de sobrecostos finales, pasivos contingentes o incumplimientos de contratos en el mediano y largo plazos, aun en países con una institucionalidad fuerte.
Este conjunto de factores hacen altamente riesgoso para el país el uso de estas nuevas modalidades de financiamiento sin reformas sustanciales en la gestión pública, por lo que constituye una buena noticia que el nuevo Gobierno evaluará no solo la pertinencia de estas modalidades, sino también los proyectos que están en la agenda pública. Todos estos proyectos son de largo plazo, por lo que sería irresponsable que una gestión de gobierno impulse obras por un rédito político coyuntural que a largo plazo constituya una carga desproporcionada en las generaciones futuras.
