Ahora, el Tribunal de Apelación Penal deberá estudiar el pedido de la defensa de los procesados, luego de que el magistrado haya elevado el informe sobre el pedido de la defensa en su contra.
El abogado Alcides Cáceres, que representa al ex ministro Jiménez Gaona, y la ex viceministra Benítez, argumentó que el magistrado no se expidió sobre un solicitud para acceder a copias de una de las pruebas presentadas por parte del Ministerio Público.
Con esto, sostiene que existe parcialidad y falta de independencia del magistrado por lo que pide que sea apartado de la causa.
En el caso, según la acusación, el perjuicio patrimonial para el Estado Paraguayo es de G. 180.030.528.699. Entre las irregularidades, la fiscalía menciona que no existió un proyecto final, nunca se obtuvo permiso de los municipios, no se liberó la franja de dominio del tramo 3, se pagó a dos consultorías por la misma labor siendo propiedad de un solo dueño, entre otros puntos.
El tercer procesado en la causa falleció tras la acusación del Ministerio Público.
