Tres de los cinco imputados son funcionarios de Salud, quienes habrían falsificado certificados médicos para cuando Galindo cayó detenido el año pasado, con un kilo y medio de cocaína, armas de fuego e inclusive una placa policial original.
IMPUTADOS. Celia Alfonso, del Hospital Nacional de Itauguá, siendo gineco-obstetra, firmó un certificado en abril del 2021, constando que Walter estaba enfermo, pero no era así. Luego, Sixto Cabrera, enfermero de Judiciales redactó un informe en el que constó que, en mayo, Galindo tenía problemas de salud.
Con ese informe, la defensa del procesado pidió revisión de medidas y la médica forense del Poder Judicial, Ana Stael, dejó constancia que se constituyó en Judiciales de la Policía y evaluó al joven. Los tres habrían sido pagados para redactar esos documentos.
Por su parte, los abogados Gilberto Rojas y Rosana Palazuelos, defensa de Galindo, fueron los que habrían dado el dinero y fueron imputados por falsificación y soborno. La Fiscalía allanó el estudio jurídico donde trabajan.