Esto lo decía cuando hablaba del derecho de indultar a los delincuentes. En el Paraguay, cada vez hay más leyes para castigar nuevos hechos punibles y elevar las penas a los ya existentes, con tal de luchar contra la delincuencia. Pero una ley no va a acabar con ella, sino un cambio en la política criminal, y por supuesto, educación y trabajo.
Según los números del Ministerio de Justicia, hay más de 15.350 presos, y solo la semana pasada ingresaron 222 personas, en plena feria judicial. Si se mantienen estos cifras en las 52 semanas del año, serán otros 15.000 presos más. Por ello, no es descubrir la pólvora decir que la ministra Cecilia Pérez tiene un grave problema porque sus cárceles están llenas.
En una entrevista contaba que ya cerró Tacumbú y los dos penales de Emboscada, por lo que derivó a los nuevos reclusos a Misiones y Encarnación, que también llegaron al tope. Al final, tuvo que habilitar el penal de San Pedro, donde en una semana envío a 222 personas. Pronto deberá buscar otro sitio para alojarlos. Hay planes para hacer tres establecimientos más, incluso un cuarto, con el objetivo de cerrar definitivamente la vieja prisión asuncena.
Es más, ya hay un plan piloto para probar las tobilleras electrónicas, donde la ministra es la más interesada porque quiere descomprimir los reclusorios por el excesivo hacinamiento. Esta sería una manera de afrontar la situación.
Pero el problema aquí es la mentalidad inquisitiva de los jueces y fiscales. Y, porque no decirlo, de la misma ciudadanía, que cree que solo metiendo presa a la gente se hace justicia. Entonces, tenemos internos por delitos bagatelarios, por hechos insignificantes, cuando que gente con cargos gravísimos está libre.
Es aquí donde se nota que la multitud de crímenes hace que la prisión preventiva sea usada como una pena anticipada. Es que, al final, todos saben que muchos hechos quedarán impunes, y al encerrarlos, se puede decir que “por lo menos estuvo preso”.
Con la Ley 6350, se había modificado la legislación para que no se abusara con la prisión preventiva, ante la emergencia penitenciaria y la tragedia ocurrida en el penal de San Pedro. Sin embargo, no hubo la liberación masiva de presos como se había vaticinado.
Incluso, sacaron la Ley 6353 para modificar los plazos, que rige hasta este 31 de enero próximo. Luego, volverán los tiempos establecidos en el Código Procesal Penal.
La nueva ley devolvió al juez la posibilidad de estudiar los motivos por los cuales mandar a una persona presa, pero no cambió su mentalidad. Es más, la presión contra el magistrado continúa igual. Solo este año, la Corte abrió dos sumarios a jueces por liberar a detenidos. El Jurado también lo hará.
Esto nos da un panorama de que, aunque se modifique la ley, no tendrá mucha incidencia si no se cambia la mentalidad de los que deben aplicar la normativa. La tan temida salida en masa de presos no ocurrió. Igual nuestras prisiones están al tope.
Lo peor es que no se cumple con uno de los principales objetivos de las penas, que es el de reinsertar al delincuente en la sociedad. Cómo lo hará si por el hacinamiento, no existe posibilidad de que tenga opciones para cambiar de vida.
Me pregunto entonces: ¿De qué sirve la ley, si tanto los fiscales como los jueces siguen abusando con la prisión preventiva? Nuestras cárceles continúan llenas, y tenemos que construir más penales.
Debemos buscar otra solución. Las tobilleras electrónicas podrían servir, pero para eso debe haber voluntad política para llevarla adelante y los jueces deben sacarse el chip de meter a prisión a todos, de modo a aplicar esta herramienta.
