Senadores de distintos partidos políticos se encuentran expectantes ante la propuesta de introducir modificaciones a la Ley de Financiamiento Político actualmente vigente.
Esto se origina en el hecho de que, los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel y Jorge Bogarín, quienes juraron muy recientemente, e incluso el mismo Jaime Bestard, actual presidente del organismo electoral, coinciden en la necesidad de aplicar cambios a la norma. Según se informó, el titular del TSJE incluso ya está en conversaciones con algunos diputados respecto de los cambios que se podría introducir a la ley.
La principal motivación es poner un freno al ingreso del dinero sucio, que el dinero del crimen organizado ya no siga financiando la política en el país. El nuevo ministro Jorge Bogarín había señalado que asume en el cargo con muchos desafíos, pues considera que el TSJE “es una de las instituciones más creíbles, aunque hay mucho por hacer; trabajar por la transparencia, el control férreo de la financiación en las campañas políticas. Hacer el mejor esfuerzo para evitar que ingrese el dinero espurio de organizaciones criminales, actividades ilícitas, con fachada de campañas políticas”. César Rossel, por su parte, apuntó: “Vamos a potenciar la figura del financiamiento, la transparencia, la trazabilidad. Hay que hacer más sencillas y sin trabas”.
Casi un mes ya transcurrió del asesinato del fiscal Marcelo Pecci; en los días posteriores al trágico suceso, un debate en la Cámara de Diputados sobre el crimen organizado y el atentado generó diversas reacciones en los parlamentarios. La diputada del Partido Encuentro Nacional Kattya González había dicho que el 80% de las instituciones están copadas, y se preguntaba: ¿Qué podemos hacer cuando el 80% de los que estamos sentados en este Parlamento respondemos al crimen organizado, cuando el 80% de la Policía, la Fiscalía y de Poder Judicial responden al crimen organizado”. Es probable que no se sepa con certeza la cantidad exacta, pero es una realidad la irrupción del dinero del narcotráfico en la política paraguaya, y quizá el peor aspecto es que se ha ido normalizando. Lo cierto es que la circulación del dinero del crimen organizado ha prostituido la práctica de la política, al proveer ilimitados recursos que pueden comprar candidaturas, curules en el Parlamento Nacional, financiar candidaturas y obtener influencia en las decisiones políticas.
Es necesario controlar el dinero que usan los políticos en las campañas internas, para esto es necesario reformar la ley vigente que regula el financiamiento, y particularmente establecer la trazabilidad del dinero. Y, aunque ciertamente si se introdujeran cambios los mismos no podrán entrar en vigencia en las próximas internas de los partidos, como tampoco en las elecciones generales de 2023, hay ciertas modificaciones que son necesarias.
Se trata de reglamentar la ley vigente y mejorar la accesibilidad al voto. En este sentido, sería una apuesta para lograr la participación ciudadana establecer, por ejemplo, el transporte gratuito el día de elecciones y asegurar el voto a personas con niveles de discapacidad. Esas podrían ser modificaciones que serían fácilmente aplicables.
No obstante, los grandes temas seguirán siendo la trazabilidad y la limitación real del financiamiento privado de la política, tanto en las internas de los partidos como en las elecciones generales.
Paraguay ya no puede seguir por este camino, la injerencia del narco en la vida política, como se ha visto, genera violencia, dolor, temor y muertes; y al mismo tiempo está socavando cada vez más los ideales democráticos y la institucionalidad de la República.
