Los acuciantes problemas que enfrenta gran parte de la población paraguaya como consecuencia de la pandemia y del contexto internacional obligaban al Gobierno a implementar medidas de mitigación como el resto de los países.
Sin embargo y a pesar de los lamentos de la gente y de las estadísticas oficiales que vienen mostrando el deterioro de la calidad de vida de manera objetiva, el Gobierno solo actuó con parches, sin plantear soluciones oportunas, eficientes y de impacto.
Lo ideal hubiera sido que desde que se iniciaran las primeras señales sobre la crisis alimentaria y energética conformara un equipo de expertos para centrarse en soluciones para atender la emergencia, pero con capacidad para transformar a largo plazo la situación.
Probablemente, la mejor muestra de falta de inacción fue el proyecto de Presupuesto público 2023 que fue enviado al Congreso sin cambios sustanciales en los programas que ayudarían a mitigar los efectos de la inflación.
El apoyo a la población en pobreza no está mal, ya que es una de los grupos más afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Lo que está mal es plantear una respuesta de emergencia, puntual y sin otras medidas integradas. La cobertura del programa Tekoporã es sumamente baja y el monto que entrega también, por lo que el impacto en la calidad de vida será mínimo.
La política de agricultura familiar dirigida a la producción de alimentos está en retroceso si se consideran los datos oficiales, que muestran que desde 2015 se ha venido reduciendo el presupuesto hacia el sector, tal como lo señala el indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Los precios cada vez más altos y el aumento de las importaciones de alimento son otros dos indicadores que dan cuenta de la crisis alimentaria por la que está pasando la mayor parte de la población.
El combate al contrabando ha sido un fracaso. Campesinos y otros productores y comercializadores de alimentos no dejan de quejarse sobre este flagelo que no solo afecta a la agricultura campesina, sino también a la industria nacional.
El costo de la energía es el otro determinante de la inflación, que además tiene un peso superlativo en la canasta familiar de las personas de menores ingresos. No hay ninguna propuesta de solución al respecto.
Hace exactamente un año, en noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de Planificación informaba que se conformaría una mesa técnica sobre movilidad. Esa instancia ya podría haber planteado un plan e incorporado cambios al proyecto de Presupuesto 2023 de manera a empezar a transformar el sector. Alrededor de 2.000.000 de personas viven en áreas de alta densidad poblacional y necesitan un transporte público eficiente y de calidad, por lo que cualquier mejora en este ámbito tendría un efecto importante.
En un contexto de inacción en ámbitos que son claves para mitigar el impacto de la inflación y del deterioro de la calidad de vida durante todo el periodo pospandemia, resulta llamativo el sorpresivo anuncio de nuevas medidas, algunas de las cuales tendrán escaso impacto al ser aisladas de otras que, de complementarse, hubieran mejorado sustancialmente los resultados.
