Durante un largo debate, los legisladores se mostraron a favor de la propuesta, cuestionando la constante suba de los combustibles y lamentando la falta de transparencia del sector privado en relación a la estructura de costos de estos.
El senador patriaqueridista Stephan Rasmussen, proyectista de la iniciativa, indicó que el proyecto de ley busca determinar “si se está pagando un precio justo o elevado” por los hidrocarburos. En relación al artículo 6º de la propuesta, solicitó añadir que quienes no informen o brinden datos falsos tendrán que asumir las responsabilidades civiles y penales. “Es importante, porque todos los actores van a brindar información en concepto de declaración jurada a instituciones públicas”, dijo.
En este sentido, el proyecto de ley establece “la multa por el incumplimiento de la remisión de la información solicitada o la remisión de información falsa será de 200 y hasta de 1.000 jornales mínimos diarios”.
A su turno, el senador Pedro Santa Cruz dijo que los combustibles acumulan alrededor de siete incrementos en el año, produciendo una reacción en cadena, dejando como consecuencia más visible el encarecimiento de los bienes alimenticios, con golpes económicos para la movilidad de la ciudadanía, e impactando negativamente en la calidad de vida.
