Editorial

Más que emergencia, hay que reformar sistema penitenciario

Una vez más, ante el colapso registrado en las cárceles por el excesivo número de personas presas que se encuentran hacinadas en situación infrahumana, el Gobierno ha tenido que declarar la emergencia penitenciaria en todo el país. Dicha medida no resolverá el problema de fondo, sino simplemente aplicará parches sobre una realidad que se ha vuelto insostenible. El Paraguay ya había sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al inhumano trato en las cárceles. El fracaso del sistema judicial, con un 79 por ciento de presos sin condena y un abuso de medidas cautelares como la prisión preventiva, sigue siendo el principal problema.

Las cárceles del país están construidas para albergar en condiciones de dignidad a unos 7.000 internos, pero actualmente tienen más del doble de población: 14.780 personas presas, que se encuentran hacinadas, con graves problemas de salud y alimentación, muchas de ellas durmiendo en el suelo y a la intemperie, lo cual convierte a dichos establecimientos en un verdadero polvorín social.

El martes último, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo ha declarado en situación de emergencia la infraestructura física de todos los establecimientos penitenciarios del país, autorizando al Ministerio de Justicia a gestionar los recursos para mejorar la infraestructura. También se contempla que para el año que viene se construyan cinco nuevas cárceles en distintas localidades.

Estas medidas, sin embargo, no apuntan a solucionar la cuestión de fondo, sino simplemente a contener las posibles revueltas internas y los intentos de motines o fugas por parte de los presos, generados por la situación de hacinamiento. Son apenas acciones parches ante una problemática mucho más grave y profunda.

Lo preocupante es que el país arrastra esta situación desde hace varias décadas, sin haber mostrado hasta ahora voluntad de atacar a fondo la cuestión. En setiembre de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había condenado al Estado paraguayo por una situación similar de hacinamiento y tratos degradantes en un establecimiento carcelario, en este caso el Correccional Panchito López.

En aquella oportunidad, la sentencia destacaba que el Panchito López tenía capacidad solo para 15 internos, pero albergaba a entre 200 y 300 niños al mismo tiempo. Por esta causa, durante tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001, doce niños murieron y decenas resultaron heridos. Las medidas de reparación impuestas demandaban elaborar una mejor política pública integral acerca del sistema carcelario. Lamentablemente lo realizado hasta hoy no alcanza los lineamientos internacionales recomendados en esta materia.

La gestión en materia penitenciaria y de política de seguridad arrastran un gran déficit cuando las cárceles rebosan de presos, mientras la oleada de crímenes sigue creciendo, al igual que la percepción de inseguridad ciudadana. La principal causa sigue siendo el fracaso del sistema judicial, que mantiene al 79% de los procesados sin condena, o como lo señalan los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se abusa de medidas cautelares como la prisión preventiva. Entre 60 y 80 personas ingresan semanalmente a la cárceles y son muy pocas las que salen en libertad.

Mientras la corrupción, la ineficiencia y el sometimiento político del Poder Judicial no sean combatidos con mayor voluntad, será difícil cambiar esta dramática situación. Existe una gran responsabilidad del nuevo Gobierno en esta tarea, pero también se requiere de una decidida presión y participación ciudadana para lograr revertir el drama, antes de que estalle una crisis mayor. Hace falta una reforma profunda del sistema judicial y penitenciario.

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