La Asesoría Jurídica de la presidencia de la República precisó que el mandatario tiene tiempo hasta el próximo lunes 21.
Como antecedente directo, el periodo municipal 2015-2020 se había extendido hasta el año 2021, debido a la crisis sanitaria por la pandemia y que no estaban dadas las condiciones para realizar un proceso electoral. Con esta decisión política, permanecieron seis años en sus cargos. Muchos de ellos ahora fueron reelectos.
En las últimas elecciones municipales realizadas a finales de 2021 se estableció que debían permanecer hasta el 2025. Sin embargo, en el Congreso se sancionó el nuevo proyecto que extiende un año más el mandato.
“Vamos a ver. Ahora como saben estuve fuera del país y ahora llegué. Se está haciendo la evaluación, cuando llegue al Palacio vamos a evaluar”, fue la primera respuesta que dio el jefe de Estado al ser consultado por los medios durante la gira oficial que tuvo ayer en Guairá.
Insistió en que estará evaluando el tema con su equipo de asesores jurídicos.
Mario Abdo estuvo ausente durante dos semanas ya que primero viajó a España y luego siguió su gira internacional en Alemania.
decisión política. El presidente de la República tiene una fuerte presión política en torno a esta decisión que debe tomar, en medio de las internas partidarias, donde muchos de los intendentes están trabajando para apoyar a la dupla presidencial del oficialismo y para la definición de las internas partidarias en la ANR.
La Cámara de Senadores había aprobado por 24 votos la decisión de extender el mandato de las autoridades locales municipales hasta el 2026. Esto a pesar de que los actuales intendentes y concejales fueron votados y convocados para cuatro años, según el resultado del proceso electoral organizado por la Justicia Electoral.
Los impulsores del proyecto argumentaron que existe una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto.
El texto habla de que esto traerá incumplimientos en la conclusión de proyectos a ejecutarse. Al mismo tiempo, destacaron que el artículo 250 del Código Electoral, donde se prevé que las autoridades municipales deben cumplir un periodo de cinco años.
Por el veto. Además de la presión interna, el presidente de la República debe medir su decisión con base en planteamientos que hacen los referentes de la Justicia Electoral que piden el veto presidencial a esta normativa.
Los detractores señalaron que lo sancionado viola el artículo 2 de la Constitución Nacional, por lo que ahora están abogando por el veto presidencial.
Entre los críticos del proyecto, la diputada Kattya González había señalado que representa un verdadero atropello a la democracia.
“Tienen que entender que si quieren ganar una elección deben presentarse luego del cumplimiento de sus mandatos, pero de ninguna manera le podemos someter al Paraguay a tres años de elecciones seguidas como ustedes plantean”, sostuvo durante el debate que hubo a instancias de la Cámara de Diputados.