Se estima que aproximadamente USD 100 millones son los recursos que se destinan para los programas sociales de ambas Binacionales.
La propuesta legislativa pretende incorporar los fondos correspondientes por compensaciones, royalties, gastos sociales, venta de energía que exceda el presupuesto corriente del lado paraguayo. Una de las principales impulsoras del proyecto es la diputada encuentrista Kattya González. La misma argumentó la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos que fueron utilizados para fines político partidarios.
Un punto que contempla la normativa que requiere de la venía del Ejecutivo es que los funcionarios de las Binacionales tendrán 30 días para comunicar su decisión de desvincularse laboralmente en caso de que no estén de acuerdo con la medida. No podrán ser contratados o nombrados en ninguna otra institución pública durante un plazo de 10 años.
