La manifestación ciudadana realizada el lunes pasado frente al edificio del Congreso no solo logró la renuncia del diputado colorado José María Ibáñez, sino también que los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hayan desempolvado y sacado de sus cajones, luego de casi dos años, el proceso del senador Víctor Bogado, acusado por cobro indebido de honorarios y estafa en el caso conocido como la niñera de oro.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco (este último integró en vez de su colega Miryam Peña Candia, quien se inhibió) corrieron traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se expida con respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por el legislador cartista, el 30 de setiembre de 2016, contra la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó al juez penal de Garantías Óscar Delgado para llevar adelante el proceso penal.
Los fiscales René Fernández y Victoria Acuña tienen nueve días hábiles para contestar sobre dicha acción.
Posteriormente se debe correr traslado a la Fiscalía General.
La máxima instancia judicial primeramente remitió el expediente a la sede central del Ministerio Público. Específicamente, en diciembre del año pasado. Contestaron que primeramente deben expedirse los fiscales intervinientes.
La Corte tardó otros ocho meses en volver a enviar el expediente a los fiscales Fernández y Acuña, teniendo en cuenta que lo hicieron recién ayer. Incluso los investigadores habían urgido a los ministros más de diez veces para que destraben la causa.
La acción fue planteada bajo patrocinio del abogado Fausto Portillo Lugo, en contra de la resolución del 26 de setiembre pasado, dictada por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, que hizo lugar a la impugnación de la jueza Gricelda Caballero.
Con ello, los altos magistrados ratificaron que el que debe juzgar la causa es el juez Delgado, quien se inhibió por amistad con dos de los tres nuevos abogados del legislador.
Los camaristas Cristóbal Sánchez, Mirtha González y Pedro Mayor Martínez argumentaron que las partes no pueden designar a abogados que le obligan a inhibirse al magistrado. Resaltaron que el Código faculta al juez a cancelar todo nombramiento o personería.
insólito. El juez Julián López elevó el caso a juicio oral el 17 de diciembre de 2014.
Aparte de Bogado debían ser juzgados su supuesta niñera Gabriela Quintana Venialgo y Miguel Ángel Pérez, ex jefe de Gabinete del legislador. Ambos están acusados por cobro indebido de honorarios y estafa.
Sin embargo, Mirtha González de Caballero, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios, en forma unánime, declararon la nulidad de la resolución del juez López, pese a que la elevación a juicio oral es inapelable.
Según la acusación fiscal, Quintana, sindicada como la niñera de los hijos de Bogado, fue nombrada en Diputados cuando el legislador presidía la Cámara y luego comisionada a Itaipú, percibiendo dos salarios del Estado. La Fiscalía la acusó de cobrar más de G. 71 millones de forma ilegal.