Macri anunció el pasado lunes la reducción de unos mil cargos políticos del Ejecutivo –un 25% del total–, la congelación de los salarios este año para unos 500 funcionarios de mayor jerarquía y que los ministros no podrán tener familiares directos en puestos de la Administración pública nacional y organismos que dependen del Estado.
“Si los argentinos hacen su aporte, quienes somos parte de la política tenemos que redoblar el esfuerzo y dar el ejemplo”, dijo el mandatario en un acto.
Para el analista político Jorge Arias, la medida debe leerse como un intento de dar una señal hacia la sociedad a partir de la caída de popularidad (del Gobierno) que están marcando las encuestas tras la reforma jubilatoria aprobada en diciembre.
“Es un intento de retomar la iniciativa política con un gesto de austeridad de cara al conjunto de la sociedad”, dijo a Efe Arias, de la consultora Polilat.
El anuncio no solo se dio tras la polémica reforma, que, según sus críticos, implicará menores aumentos en las jubilaciones, sino que llegó a las puertas de aumentos en servicios públicos básicos, como transporte y electricidad.
“‘Comprendo su dolor, yo los acompaño en lo que puedo’, pareciera ser el mensaje. Es un gesto de acompañamiento al dolor por el presente, que no es el que se prometía. Es una especie de compartir el mal momento”, observó. Pero, advirtió, “en la mirada del hombre común, que es una mirada crítica hacia la eficiencia de la política y la transparencia de los gobiernos, cualquier recorte de gasto que haga el Estado es insuficiente”.
El Gobierno precisó que la medida anunciada el lunes supondrá para el Estado un ahorro USD 75 millones anuales, pero las tijeras para recortar cargos políticos lucen poco afiladas ante un déficit fiscal primario que, según datos oficiales, fue en 2017 de USD 20.207,1 millones.
“El impacto económico es absolutamente marginal”, afirmó Arias.
Según Germán Muiño, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el recorte anunciado se da en el marco del plan de adecuación de “dotaciones óptima” en el sector público nacional, donde trabajan 200.000 personas, sin contar los efectivos de fuerzas de seguridad ni los docentes universitarios.
