El miércoles pasado en el espacio Plaza Pública-Dende se realizó un muy interesante debate sobre la situación del sistema eléctrico paraguayo. Algunas personas me dijeron que este era un tema muy debatido y que muchos ya estaban cansados de escuchar siempre lo mismo.
Evidentemente hay una confusión entre el ampliamente debatido tema de Itaipú y el muy poco debatido tema del sistema eléctrico paraguayo.
Desde la firma del Tratado de Itaipú en el año 1973, esta cuestión ha centralizado la discusión entre los paraguayos, que ahora se ve nuevamente incrementada a medida que se acerca el año 2023, donde deberá revisarse el Anexo C de dicho tratado.
Recordemos que Itaipú fue la solución diplomática a un conflicto de límites que teníamos con el Brasil en la zona de los Saltos del Guairá, que a su vez se había originado en la terrible Guerra de la Triple Alianza.
Debido a este origen, los debates sobre Itaipú siempre se realizaron con una fuerte carga emocional y nacionalista. Aquellos favorables a la realización de dicho tratado eran acusados de entreguistas y vendepatrias.
Por todo este bagaje que lo envuelve, todo lo que concierne a Itaipú se ha debatido profundamente, pero el otro tema —que tiene que ver con nuestro Sistema Eléctrico—, prácticamente, no lo hemos discutido en los últimos 50 años.
Recordemos que el actual marco legal del sistema eléctrico de nuestro país es del año 1964, cuando el PIB del Paraguay era de apenas USD 443 millones, siendo hoy de USD 42.000 millones —95 veces más grande—, y aún no se habían construido Itaipú ni Yacyretá. Por lo tanto, hoy, está totalmente obsoleto para regir la administración de la energía eléctrica del país.
Este sistema eléctrico que tenemos ha hecho que el Paraguay, a pesar de contar con abundante generación de energía eléctrica, gracias a Itaipú y Yacyretá, apenas utiliza esa electricidad para el 16% de su consumo interno, mientras que el petróleo que contamina y que importamos representa el 38% y la biomasa (leña), cuyo uso no es sostenible, el 46%.
La razón de tan bajo uso de la electricidad de la ANDE se debe al pésimo servicio de dicha empresa, con cortes permanentes, como consecuencia de no haber invertido lo necesario en su sistema de distribución.
La falta de inversión de la ANDE, a su vez, se debe en gran parte a que desde hace mucho tiempo su tarifa no responde a criterios económicos racionales, sino a criterios políticos, lo que ha dejado a la empresa sin los ingresos necesarios para poder invertir.
A esto se le deben sumar los altos costos de la ANDE que en parte se deben a la fuerza de un sindicato que ha conseguido para sus funcionarios, beneficios que superan ampliamente a los de cualquier otra institución.
El sistema eléctrico paraguayo —que ya tiene graves problemas en la distribución de energía— ahora tiene la amenaza de que a partir del año 2030 la potencia de Itaipú y Yacyretá no será suficiente para abastecer a una demanda creciente.
Es imperioso que nos preparemos para ese momento, estimulando la instalación de plantas generadoras de energía, sean estas solar, eólica o nuevas hidroeléctricas.
Pero para que todo esto sea posible debemos modificar el actual marco legal que otorga a la ANDE el monopolio en la generación, transmisión y distribución de la energía.
La revisión del Anexo C de Itaipú es muy importante para el Paraguay y es bueno que sea ampliamente debatido. Pero es igual de importante una modificación profunda del actual marco regulatorio que rige el funcionamiento de la ANDE.
Tenemos que comenzar a debatir con la mayor participación posible sobre la desmonopolización de la ANDE, la instalación de una agencia reguladora del sistema eléctrico y la creación de un ministerio de energía.
Estos son temas que hasta ahora no fueron ampliamente debatidos.
