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Los servicios públicos deben ser una prioridad gubernamental

La primavera recién empieza y los primeros golpes de calor evidenciaron la mala calidad de los servicios públicos. Cada gobierno que sube pide paciencia señalando que está invirtiendo y que los resultados se verán en un futuro cercano, pero no dejan de ser promesas, ya que año a año empeora la situación. Los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento son centrales para la calidad de vida y la producción económica. En un momento de incertidumbre económica, la prestación de buenos servicios públicos constituye un determinante fundamental para impulsar la economía y mejorar las expectativas ciudadanas.

El Gobierno tiene la oportunidad de acelerar las inversiones públicas en el sector como medida para enfrentar la coyuntura económica actual y, a la vez, crear la infraestructura que requiere el desarrollo a largo plazo.

La ventaja adicional de una mayor cobertura y calidad de servicios públicos es la reducción de las desigualdades, cuyo impacto negativo en la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo está más que comprobado a nivel internacional.

Si la inversión pública destinada a aumentar la infraestructura de estos servicios cuenta con medidas que impulsen a las mipymes y a la generación de mano de obra, el impacto será completo y su efecto multiplicador se observará en el corto plazo.

La falta de recursos no es una justificación adecuada, teniendo en cuenta los elevados niveles de sobrefacturación de las compras públicas y los errores humanos en el diseño de las obras y los pliegos y corrupción público-privada. Todos estos factores pueden ser perfectamente controlados por una gestión honesta, profesional y comprometida con el país.

La primera fuente de recursos está en las propias instituciones. Un uso adecuado de los fondos que tienen, así como la racionalización de sus gastos, puede contribuir a financiar las obras necesarias.

En los casos de agua y saneamiento, los gobiernos municipales tienen amplias competencias y reciben del Ministerio de Hacienda una gran cantidad de dinero proveniente de royalties y compensaciones. Este ministerio debe ser capaz de lograr pactos para el cofinanciamiento y no dejar que la excusa de la autonomía financiera de los gobiernos locales se convierta en la razón de la ineficiencia.

Otra fuente de recursos es la reasignación presupuestaria. A diario se publican montos exuberantes de bonificaciones y premios a funcionarios públicos que no tienen funciones ni resultados que ameriten esos pagos, incluyendo aguinaldos extras, viajes, viáticos, alimentación y otros beneficios.

Todo gasto de logística de eventos debe ser eliminado, salvo en ministerios cuya su función lo amerite, como posiblemente Relaciones Exteriores, que por razones protocolares deba vincularse con invitados extranjeros. En las condiciones actuales en que se encuentran el presupuesto público y la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos, el país no puede financiar con sus impuestos esos privilegios.

Así, se pueden citar rubros que no contribuyen a una gestión de calidad y vinculada a resultados. Todos estos deben ser destinados a mejorar los servicios de energía, agua y saneamiento.

Finalmente, están los recursos tributarios. Paraguay tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región, a lo que se agrega el bajo pago de impuestos de los sectores que se enriquecieron con el crecimiento de los últimos 20 años. No puede ser que con tanta riqueza nacional en el país todavía existan personas sin agua potable y sin saneamiento.

Quienes ganan las elecciones lo hacen para ejercer el poder y gobernar para el pueblo. Este es un momento crucial para tomar decisiones que beneficien a todos y a largo plazo, superando la visión rentista y cortoplacista del Estado y dirigida a beneficiar a una minoría. Los servicios públicos son los pilares de la producción y el bienestar; por lo tanto, requieren estar entre las prioridades gubernamentales.

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