En su denuncia, presentada ante un tribunal constitucional, Gorriti y Mella afirmaron que la insistencia de la Fiscalía y el Congreso para que revelen las fuentes de su investigación “supone, por supuesto, la amenaza cierta e inminente” de sus libertades de expresión e información.
Defendieron, además, el “derecho de los periodistas al secreto profesional y el propio principio democrático, que da soporte al Estado constitucional de Derecho”.
El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la Judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.
Tras esto, el 10 de julio el fiscal Rodrigo Ruruch ingresó a las oficinas de IDL-Reporteros con la intención de incautar la información relacionada a los audios que involucran a miembros de la Judicatura, aunque luego suspendió esa medida por falta de documentación que la respalde. Posteriormente desde la Fiscalía siguieron presionando. efe
