Política

“Los miembros de la Corte IDH son de una condición moral intachable”

Sin embargo, las actuaciones de la Comisión de la Corte IDH no pueden sustraerse de las condicionantes sociopolíticas que rodean los casos. Su reflexión es a propósito del caso Arrom-Martí contra el Estado.

El Gobierno Nacional, preocupado por la definición que pudiera tener la demanda contra el Estado paraguayo por supuesta tortura y retención ilegal de personas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Arrom-Martí, se propone promover una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tema sobre el que la semana pasada el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, conversó en Davos (Suiza) con su par del Brasil, Ernesto Araújo, cuando le reiteró el interés de lograr la revocatoria del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, y la extradición de estos desde el Brasil para que sean juzgados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. De estos temas conversamos con el profesor Fernández Arévalos, ex miembro de la CIDH.

–¿Es el momento de aggiornar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

–Creo que ahora no se pueden intentar cambios, salvo que se logre la adhesión de la totalidad de los miembros adheridos al Sistema . Si no es así, más vale dejar las cosas como están, porque el peligro que se vendría encima de la institución sería bastante grave.

Los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son personas sumamente capacitadas y de una condición moral intachable, pero nunca se tuvieron en cuenta las características sociopolíticas que rodean muchos casos.

En consecuencia, se da satisfacción a lo mejor a una parte, pero se causa perjuicio a otras. Habría que hacer que los fallos vayan imbuidos de las condicionantes que rodean al caso.

Hay países que ponen en duda al organismo, cuando ven que no se toman en cuenta, con la intensidad requerida, los condicionantes sociales y políticos, entonces atacan la moral y la credibilidad de los magistrados (de la Corte IDH). Eso es peligroso.

–¿Por qué es peligroso?

–Porque en política no se puede andar como un elefante en un bazar. Hay que contemplar situaciones muy diversas. Tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como en la Corte IDH se trabaja intensamente, pese a que los miembros de estos organismos no estén permanentemente en la sede respectiva.

–En el actual Gobierno hay molestia contra el Sistema Interamericano de DDHH desde el caso Arrom y Martí, quienes aún procesados por secuestro, recurrieron ante el Sistema en calidad de víctimas. ¿Hay que entender que la Corte IDH considerará estos aspectos antes de emitir veredicto?

–En general, los miembros del tribunal lo hacen, pero de una forma que no me parece suficientemente exhaustiva. Creo que el Paraguay en cinco casos no dio cumplimiento a las sentencias, y eso también es otro problema. Si bien las sentencias son inapelables y obligatorias, pero la Corte no tiene imperio.

Para comprender esto, tomo como ejemplo los fallos de la Unión Europea que también son obligatorios e inapelables, pero hay una diferencia: Si el tribunal de la UE ordena el desalojo de un inmueble en Europa, puede ordenar directamente al oficial de Justicia que cumpla esta resolución.

Pero acá, si no se cumple, ¿qué pasa? Pueden transcurrir años y años, y ese es uno de los problemas graves que tiene el Sistema.

–¿Podría ser esa una de las modificaciones? ¿Otorgarle imperio?

–Exactamente. Pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato propugnando una modificación o ajuste a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Se podrían abrir las puertas a cualquier cantidad de cosas indeseables y peores de las que se quiere subsanar.

–Gente no familiarizada con el funcionamiento del Sistema Interamericano de DDHH dice que la CIDH y la Corte IDH solo buscan castigar a los Estados…

–En realidad, solo la CIDH puede demandar, y a Estados. Es una limitación a la que alguna vez hay que dar una solución, así como al hecho de que para muchos tramos del procesamiento en la Comisión están librados a la buena voluntad de este organismo.

Por ejemplo, un tramo en la etapa de estudios de la admisibilidad maneja el secretario ejecutivo de la CIDH. Eso no tiene sentido.

Esa preparación tendría que estar encabezada por lo menos por un miembro de la Comisión.

–Sobre el caso Arrom y Martí: ¿Cree que pueda revocarse la calidad de refugiados políticos a ambos?

–Ese estatus tiene un régimen especial en Brasil porque su otorgamiento no está en manos del presidente de la República, sino de una entidad que es medio autónoma, que es la que califica y descalifica la calidad de refugiados. Me refiero al Comité Nacional para los Refugiados (Conare).

Lo que el Paraguay hizo es solicitar la revocatoria del estatus de refugiado ante ese Comité. Sin embargo, ayudará la forma de pensar del actual presidente de la República, Jair Bolsonaro. Si pierden la condición de refugiados se tienen que adoptar recaudos para la extradición.

–¿Puede incidir el que ambos tengan cónyuges e hijos brasileños?

–Creo que el núcleo familiar se ve beneficiado. Pero la revocatoria depende del argumento que acompañe al pedido presentado por el Gobierno paraguayo. La extradición tiene un trámite especial, totalmente distinto.

–Supongamos que no se dé pronto la extradición, ¿esto no incidiría en la sentencia de la Corte IDH?

–No, pero que obedezca o no el Estado (la sentencia) se complicaría de todos modos, porque ellos se encuentran en el Brasil. De manera que tiene que haber dos buenas voluntades para que se aplique un fallo de la Corte IDH: la de Brasil y la de Paraguay.

Sobre todo, en caso de que el fallo salga en los próximos meses y no se resuelva aún el pedido de cancelación del estatus de refugiados.

–El Estado paraguayo reclamó el hecho de que la Corte IDH haya admitido solo a uno de los 27 testigos propuestos. Ahora se aceptó uno más.

–Esa es una de las cuestiones que yo tengo en cuenta por las características sociopolíticas que rodean muchos casos. ¿Qué daño puede ocasionar que se admitan más testigos?

¿Cómo sabe la Corte qué es lo que va a decir el testigo, para impedir que lo sea? Eso no me ha gustado, así como otras.

–¿Cuáles?

–Bueno, por ejemplo, el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cree que lo que decide en su informe final tiene fuerza compulsiva.

–¿Y no es así?

–No, son recomendaciones. Estas no obligan.

–¿Y qué sucede si no se llevan a la práctica esas recomendaciones?

–Si la Comisión se encuentra que una o más de sus recomendaciones no son acatadas por el Estado afectado, tiene derecho a demandarlo ante la Corte IDH. Como ocurrió en el caso Arrom y Martí.

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