Los peticionantes solicitan que la Corte Suprema de Justicia dicte una medida cautelar para suspender los efectos de la ley, las inconstitucionalidades que habían presentado ya en el 2009 y 2012.
El juez de la Cámara de Apelaciones, Agustín Fernández, miembro de la Asociación de Magistrados del Paraguay, mencionó que solo la Corte Suprema de Justicia en pleno tiene el derecho y la facultad para sancionar, suspender tanto a jueces como a fiscales, por lo tanto, lo que hace el JEM sería inconstitucional.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Victoria Acuña, dijo que con la ley en cuestión, se le atribuye un superpoder al Jurado de Enjuiciamiento, por lo que urgen ahora que la propia Corte Suprema de Justicia resuelva tal situación para que se tengan las garantías necesarias de ejercer la función que les fueron asignados.
Acuña mencionó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados siempre utilizó dicha ley para apartar a los fiscales que se interponían en sus planes, cuando denunciaban presiones y eso se corrobora ahora con los audios que saltaron en estos días.
Las acciones atacan lo que sería la oficiosidad del Jurado, y que por resolución suspenden de manera preventiva en sus funciones a jueces y fiscales, potestad que solo le corresponde a la máxima instancia judicial.
Además atacan la falta de sanción a las denuncias falsas recaídas sobre los jueces y fiscales.
El mencionado urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia sale nuevamente al tapete, tras saltar el escándalo de los audios que involucran a varios miembros que utilizan el Jurado para presionar por ciertas causas y apartar a fiscales y poner a quienes trabajarán a la medida.
La publicación de dichos audios generó una fuerte crisis en el Senado, donde Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto ya renunciaron a la representación de la Cámara Alta.