BUENOS AIRES - ARGENTINA
No todos los jubilados de Argentina sintieron la necesidad de abandonar su trabajo cuando llegaron a la edad límite. Ahora, para muchos, un empleo es imperativo para vivir, pues consideran que bajo el recién aprobado sistema de cálculo de las pensiones no van a poder llegar a fin de mes.
La conversión en ley de la polémica reforma previsional, tan rechazada socialmente y repudiada en las calles de Buenos Aires, ha suscitado una nueva preocupación en torno a la estabilidad financiera de los casi siete millones de retirados que previsiblemente verán sus bolsillos afectados con esta regulación.
En un país en el que durante años ha existido una millonaria deuda con los jubilados por parte del Estado, la excepción se convierte en norma, pues son numerosas las ocasiones en las que los más ancianos salen del mercado laboral pero continúan trabajando de forma independiente.
Este es el caso de Sara Lafourcade, integrante de una comunidad dedicada al entretenimiento de los retirados llamada Los Abuelos del Francés, que estrenó su jubilación apenas el año pasado, con 67 años, y cuyo principal miedo es pasar a depender de su única hija.
Pasó los últimos once años de su vida laboral trabajando como administrativa en un hospital capitalino y entonces cobraba el doble de lo que percibe actualmente con su jubilación.
“Acá los jubilados que más o menos estamos bien, y no enfermos, estamos viendo la posibilidad de encontrar algo para ayudar porque estamos en un país muy caro, tenemos muchos impuestos, han subido las tarifas de la luz, el agua, el gas y con las jubilaciones que nos dan no alcanza”, contó.
Cifras alarmantes avalan esta declaración, ya que la cuantía más baja que cobran los retirados –7.620 pesos (424 dólares)– se sitúa tan solo a 2.500 pesos (138 dólares) por encima del monto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos considera el límite para no caer bajo la línea de pobreza.
El nuevo sistema, impulsado por el oficialismo y aprobado el pasado martes por el Parlamento con un margen ajustado de votos, obliga a recalcular los salarios según un coeficiente basado en la inflación, que asciende con alarmante rapidez en el país austral, y no según la recaudación del Estado, como hacía la legislación anterior.
También incluye la extensión de la edad de jubilación hasta los 70 años de forma optativa, algo que Rolando Amaro aceptó de buen grado, ya que, a sus 81 años, continúa ejerciendo en la medida de lo posible en el puesto que ocupaba durante sus años previos como consultor económico. “Lo que me preocupa no es tanto lo que estamos pasando ahora sino la situación de mis hijos, de mis nietos y lo que les espera”, admitió Amaro, que no puede subsistir con la cuantía mínima.