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Los indígenas no pueden seguir abandonados en la miseria

La pobreza y el abandono en los que se desenvuelven la mayoría de los 120.000 indígenas de los 19 pueblos originarios de nuestro país reflejan la inacción de las instituciones del Estado. A lo largo de la historia han sido dejados de lado y hoy cuando en el mundo existen fuertes corrientes reivindicatorias para reparar las injusticias cometidas contra las minorías étnicas, su situación no ha variado mucho. Una muestra actual de esa desidia e irresponsabilidad es que, en torno a la Terminal de Ómnibus de Asunción, siguen habiendo niños desamparados y explotados por adultos inescrupulosos que sacan provecho económico de su desgracia.

La cultura mestiza originada del encuentro de dos mundos –el venido de Europa y el autóctono de América–, a lo largo de la historia del Paraguay, ha marginado sistemáticamente a los antiguos dueños del territorio que ocuparon los españoles desde el siglo XVI.

El resultado de esa exclusión reflejada en la apropiación de las tierras que pertenecían a los indígenas es la pobreza en la que hoy sobreviven a duras penas la mayoría de los 120.000 indígenas de cinco familias lingüísticas distribuidas en 19 etnias de las regiones Oriental y Occidental de nuestro país.

Algunos pueblos cuentan actualmente con territorios asegurados, pero las condiciones de su entorno –por el avance de la frontera agrícola y de la expansión de los campos de pastoreo de vacunos– han variado tanto que ya no cuentan con la riqueza de la naturaleza que les permitía acceder a medios naturales de supervivencia, tales como la caza, la pesca y la recolección de frutas y miel.

Hay que considerar, por otro lado, que la alimentación no es la única necesidad a cubrir para vivir con dignidad. Salud, educación, trabajo, vivienda y comunicación son derechos que requieren de respuestas eficaces. Y bien se sabe que soportan el grave déficit de cobertura de esos bienes sociales indispensables para una vida de calidad.

El Instituto Nacional del Indígena (Indi), que es la institución oficial encargada de llevar adelante la política pública vinculada a las comunidades de nativos, carece de recursos económicos y humanos para satisfacer la demanda del sector. Condenado a ser un organismo de fachada sin peso específico para resolver los problemas del sector, es la evidencia de la falta de voluntad política de los gobernantes hacia personas que requieren un trato acorde con su condición humana.

Una última expresión de las consecuencias de la pobreza indígena la hemos visto recientemente en torno a la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA). Esta no es la primera vez que se detecta esta situación alrededor de la TOA.

Allí el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) detectó y rescató esta vez a 20 niños Mbya Guarani, procedentes de los departamentos de Caaguazú, Guairá y Caazapá, todos ellos inmersos y viviendo en un ambiente de miseria, caracterizado por las drogas, y siendo también víctimas de explotación sexual por parte de un indígena adulto que los trajo con promesas falsas a la capital.

Si entre algunos Mbya –que constituyen una etnia que cuida celosamente a sus niños dentro de su cultura– se ha abierto un resquicio que abre las puertas a la degradación humana, y al atropello de la dignidad de las personas, significa que el deterioro social generado por la pobreza es cada vez mayor en algunas comunidades indígenas. Pero, por encima de todo, es inconcebible permitir que estos niños y adolescentes sigan viviendo explotados.

Ante esta realidad, ni el Gobierno ni la sociedad civil pueden continuar indiferentes. Es necesario hallar mecanismos que permitan que las parcialidades indígenas puedan contar con lo necesario para vivir con dignidad sin estar expuestos a los flagelos que derivan de las carencias que produce la pobreza.

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