Aunque a estas alturas ya no constituye una sorpresa, no deja de causar indignación en la ciudadanía que nueve de los diecisiete gobernadores de las distintas regiones del país no hayan rendido debidas cuentas y estén en falta con la transparencia respecto a la utilización de los fondos de Salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus, según consta en el informe de la Comisión Bicameral de Control de Recursos de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Como se podrá recordar, de los 514 millones de dólares de los fondos de Salud, se había redireccionado un total 17 millones a las gobernaciones, es decir, 1 millón de dólares a cada gobernador, quienes por ley y por obligación moral deben rendir cuentas sobre el detalle de los gastos.
Los que no lo hicieron son en total nueve: Édgar Idalino López Ruiz (PLRA), de Concepción; Carlos Alcibíades Giménez Díaz (ANR), San Pedro; Hugo Alberto Fleitas Ovelar (PLRA), Cordillera; Pedro Alejandro Díaz Verón (ANR), Caazapá; Juan Alberto Schmalko Palacios (ANR), Itapúa; Roberto Luis González Vaesken (ANR), Alto Paraná; Hugo Javier González Alegre (ANR), Central; Ronald Enrique Acevedo Quevedo (PLRA), Amambay; y José Domingo Adorno Mazzacote (ANR), Alto Paraguay.
Como se podrá percibir, la irresponsabilidad y falta de transparencia están repartidas por igual entre colorados y liberales. La falta de escrúpulos en el manejo del dinero público es un mal que persiste entre las autoridades y los administradores públicos, por encima de los colores de cada partido político.
En cuanto a las gobernaciones que sí rindieron cuentas, según un informe difundido ayer por este diario, solamente se dieron a conocer las cifras generales de lo que se utilizó, pero no el detalle del gasto. En la normativa, que tiene vigencia hace más de un año, se incluyeron millonarios préstamos y se establecieron asignaciones a diferentes entes, cuyas autoridades están obligadas a presentar la rendición de cuentas de los gastos tanto a la Contraloría General de la República como a la Bicameral de Control.
La transparencia en el uso de los recursos públicos es una obligación para quienes los administran, además de una responsabilidad ética, mucho más en esta época en que miles de familias sufren por la falta de mayor atención gubernamental ante las críticas situaciones generadas por la pandemia, principalmente en el área de la salud pública, cuando la falta de una rápida respuesta o de una debida asistencia a quienes son víctimas de contagio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes graves.
Así como actualmente se exige ejercer un control más estricto al uso del dinero de las entidades binacionales y de varias otras instancias del poder central, también los gobernadores, sean del color político que sean, deben explicar en qué han invertido cada guaraní que se les ha concedido en esta emergencia, y en el caso de que directamente no rindan cuenta o surjan indicios de mala utilización de los recursos públicos en un momento tan dramático para la ciudadanía, deben asumir las consecuencias y ser debidamente procesados y sometidos a la Justicia.
