Hablar de los delincuentes que nos gobiernan no es simple metáfora ni exageración, ni exabrupto. Es una realidad cotidiana, tan triste que a veces nos mueve a nuestro folclórico burlarnos de nosotros mismos para reír en vez de llorar.
Gran parte de la historia independiente del país está tapizada de malos gobernantes, dignatarios indignos y corruptos, legisladores chapuceros y ladrones de la voluntad popular y venales magistrados y fiscales. Siempre es dable salvar las excepciones, que a medida que pasa el tiempo son cada vez menos.
El Estado está dividido en tres poderes que en teoría son independientes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Si los Padres de la Patria aún vivieran, pensarían tal vez otros modos de hacer las cosas o no moverían un dedo para lo que resultaría después de 1811.
Estos poderes, exceptuando los casi 35 años de sanguinaria y criminal dictadura colorado-militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), en vez de evolucionar dentro de los parámetros republicanos de la democracia liberal que nos gobierna, el único avance que mejor realizaron fue corromper hasta el último nivel institucional, a fin de manipular a su antojo para beneficio particular, de amigos, de mafias o miembros de la población política y nacional.
La transición y su pos estuvieron plagadas de denuncias, demostraciones, juicios, pruebas y acusaciones de corrupción en todos los ámbitos del poder. La mayoría de los casos no pasaron del escándalo mediático. Por lo general fenecieron en el proceso, deliberadamente, o los jueces –la mayoría– por extrañas causas de la lógica jurídica no hallaban elementos vinculantes o pruebas agravantes para condenar.
Entonces, las absoluciones fueron regadas a favor de muchos, muchísimos violadores de las leyes que tuvieron la suerte de tener un padrino, un amigo, o estar él mismo en cualquiera de los tres poderes.
Si la Justicia fuera autónoma, independiente y justa (no se pide mucho más de lo que debería tener como virtud), tendríamos por lo menos 5 ex presidentes de la República entre rejas.
Algunos ni siquiera hubieran llegado a candidatarse para el Ejecutivo; y otros tal vez terminaban destituidos a mitad de mandato por montañas de pruebas en contra.
Si la Justicia fuera... muchos, muchísimos de los que pasaron por el Parlamento no hubieran llegado, por estar presos, o no hubieran terminado el mandato; o en su defecto al final del mismo tendrían que haber ido a parar a prisión por una serie de delitos comunes perpetrados en el ejercicio de sus funciones como representantes del Pueblo.
De igual modo, un número importante de jueces y fiscales deberían estar fuera del cargo, penando alguna condena por incumplimiento de sus tareas, expresa venalidad en el puesto y todo tipo de adornos de corrupción cometidos estando en ejercicio para “hacer justicia pronta, justa y barata”.
En la actualidad, en el exterior, conocen al país por su narcopolítica, por su presidente con enormes denuncias internacionales por contrabando, por su sistema judicial viciado de venalidad y por autoridades que echan en gorra cada tanto a la Constitución porque no es afín a sus intereses.
Aunque buena parte de la población sea honesta, hay una realidad pesada e inexplicable: ¿Por qué nos siguen gobernando los delincuentes?
