En el país, en los últimos años, si bien no se ha podido perfilar una política habitacional, han habido intentos para atender la necesidad de la población. Uno de estos es, sin lugar a dudas, el incremento de la disponibilidad de recursos para el financiamiento de proyectos de vivienda, sobre todo mediante la inyección de fondos de largo plazo correspondientes a la incursión de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Los créditos para la vivienda, sin embargo, siguen siendo elevados. Esto es lo que afirman los expertos cuando los comparan con otros países de la región. De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay, desde el año 2009 los préstamos para la vivienda tuvieron un recorte de 3 puntos porcentuales en el promedio de tasas de interés que los bancos ofrecen al público; pasaron de 13,85% a 10,79%. En cuanto a los desembolsos de la AFD, los promedios bajaron 1,53 puntos desde el 2014, al retroceder de 11,54% a 10%, hasta el penúltimo mes del año pasado.
Es justo valorar estos ajustes, pero también se debe admitir que son insuficientes. Hace falta que el costo del crédito para la vivienda sea menor, y que al mismo tiempo se creen más subsidios para poder empezar a resolver los problemas habitacionales de la población, y más concretamente de la clase media, que es la que más obstáculos encuentra.
A nivel regional las tasas de interés de créditos hipotecarios se encuentran en torno al 5% y 6%, como en Bolivia y Chile; y Paraguay está en perfectas condiciones de converger hacia esos niveles. El Estado paraguayo debe asegurarse de que todos los sectores de la población vean satisfechas sus necesidades. Ya no es suficiente con ofrecer los créditos para un determinado segmento poblacional, todos los paraguayos tienen derecho a un hogar propio en condiciones. Es tarea del Estado asegurarse de que en primer lugar está el bienestar del ciudadano y no solo del ente financiero. El sector privado debe asumir este compromiso sin distorsionar las bases sobre las cuales se otorgan los fondos, y, al mismo tiempo, las instituciones públicas deben garantizar una adecuada protección a quienes toman los préstamos.
El acceso a una vivienda digna es un derecho y también hace posible garantizar otros derechos, e impactar en la calidad de vida de la población: problemas como la desnutrición, las enfermedades infecciosas, el rendimiento escolar y la violencia de género están ligados a las condiciones de la vivienda. Una vivienda digna tiene un alto impacto para mejorar los niveles de bienestar.
Hace algunos años, un diagnóstico de la situación en Paraguay revelaba que existía un déficit habitacional de unas 800.000 viviendas, entre las que deben mejorarse y las que se requieren construir, como para satisfacer la demanda de las nuevas familias que se van formando.
Los planes encarados hasta ahora son muy buenos, pero el gran desafío es hoy lograr que las posibilidades de acceder a los créditos para la vivienda propia lleguen a todos por igual.
